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El tribunal de sentencia que va a juzgar al exgerente de la Caja de Jubilados Bancarios, César Rodrigo Amarilla, está integrado con los jueces Elio Rubén Ovelar (presidente), y Gloria Amanda Hermosa y Víctor Alfieri, como miembros titulares.
Este mismo tribunal de sentencia ya había suspendido el inicio del juicio oral en setiembre de 2019. En aquella ocasión, la audiencia no se llevó a cabo con la excusa de que no había sala de juicio disponible. Asimismo, se argumentó que estaban pendientes varios recursos que se promovieron ante la Corte Suprema de Justicia contra los sobreseimientos definitivos de las máximas autoridades, el presidente del Consejo de Jubilaciones, José Antonio Caballero Bobadilla, y los consejeros Miguel Oro Domínguez, Ángel Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera.
Según los jubilados denunciantes, los consejeros avalaron con sus firmas 81 operaciones irregulares de préstamos, con tasa preferencial para los asociados, y además firmaron varios contratos, y pese a ello, la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrución (UDEA), Lidia Victoria Acuña Ricardo, decidió acusar solamente a Amarilla, sobrino del exfiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla.
César Rodrigo Amarilla fue gerente del Consejo de la Caja de Jubilaciones y, a la vez, representante legal de la empresa Karaku SRL, constituida de forma ex profesa para realizar los préstamos irregulares, indicaron los jubilados.
Para excluir a los miembros de la comisión directiva del Consejo de la Caja, la fiscala Acuña Ricardo argumentó que la verificación objetiva de la concesión de los créditos estaba a cargo de Amarilla, quien a la vez fue el representante legal de la firma Karaku SRL, a través de la cual se canalizaron préstamos preferenciales (que produjeron el perjuicio) a los asociados de la Caja, entre mayo y agosto de 2016, por G. 14.000 millones, y que a criterio de la fiscala, los demás miembros del Consejo “desconocían” la maniobra.
<b>Antecedentes de este caso</b>
Según un informe de auditoría de la Caja de Jubilados, la empresa Karaku SRL, encargada de conceder préstamos a los afiliados bancarios, movió en el sistema financiero, en particular, con esta institución de los jubilados, en un lapso de 6 meses, la suma de G. 14.000 millones, según la denuncia presentada ante la Fiscalía.
La irregularidad se inicia cuando se dispone que Karaku, que fue creada en el 2016 para conceder préstamos preferenciales a los afiliados con interés del 9% al 18%, debía funcionar solamente por cuatro meses, desde abril a agosto de 2016.
Sin embargo, Karaku siguió funcionando como financiera hasta el 1 de noviembre de 2016, sin permiso del Consejo de Administración, concediendo los créditos ventajosos a los afiliados de la Caja.
Amarilla, además de ser el gerente general de la Caja de Jubilados Bancarios, también, según las investigaciones, era el presidente de Karaku SRL.
Además, se habría utilizado dinero de la institución que aglutina a los trabajadores bancarios, y no habría retornado como ganancia.