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El informe semestral de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), disponible en la web de esta institución, indica que en el primer semestre de 2021, sólo seis casinos reportaron operaciones sospechosas. Se desconoce el total de empresas habilitadas para operar en el rubro, ya que el portal de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz, no incluye esa información.
Aún así, en el documento de Seprelad se puede apreciar la ausencia de notificaciones sobre el sector que explota tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar, la “nueva modalidad” creada por Conajzar con la Resolución N° 34/2020. En el marco de la misma, contrató de forma directa a iCrop SA, representada por Ariel Peña, como encargada de “regularizar” la explotación de esas máquinas y ya lleva seis meses de trabajo. Esta firma y sus “agencias oficiales”, subcontratadas para operar en todo el país, no reportaron operaciones sospechosas.
so y otros cuestionamientos a la resolución 34 alimentan las sospechas de que se creó una estructura solamente para obtener dinero con la “regularización” de una actividad que en realidad es clandestina. Al mismo tiempo se creó un mecanismo que puede usarse para lavar dinero registrando tragamonedas fantasma, dijo la senadora Esperanza Martínez, en conversación de ABC.
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Añadió que por eso planteará a la comitiva del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que tome en cuenta lo que sucede en dicho rubro. El comité inicia las entrevistas hoy, como parte de la evaluación a Paraguay sobre la efectividad de normativas antilavado y financiamiento del terrorismo.
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La semana pasada se pudo comprobar que Ortíz se reunió con concesionarias de juegos de azar para conversar acerca de la evaluación, puesto que se trata de un sector susceptible de ser usado para lavado de activos. Un equipo de ABC llegó a la sede de Conajzar en el momento en que se desarrollaba dicho encuentro, pero no se dio detalles de los temas puntuales desarrollados.
Protección presidencial
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mantiene en sus puestos a los directivos de Conajzar pese a las críticas por la resolución 34 que creó la “nueva modalidad” de juego de azar y el contrato con iCrop SA.
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La estrategia de la “legalización”
El plan presentado por iCrop SA consiste en la “regularización” de 50.000 tragamonedas mediante el cobro de entre G. 300.000 y G. 450.000 por cada máquina al mes. Pero el canon para Conajzar en realidad es de un jornal mínimo (G. 88.051) mensual. Es decir, de cumplir el compromiso establecido en el contrato, la firma tendrá una recaudación mensual de US$ 1,5 millones (70% de los ingresos), mientras que el Estado, solo US$ 652.229 (30%).
