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El lago Ypoá y sus humedales, por decreto N° 13681 del 29 de mayo de 1992, fue declarado Parque Nacional. Asimismo, fue denominado como Sitio RAMSAR (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas), que hasta el momento está libre de contaminación, su protección corresponde a las autoridades de Paraguarí, Central, Misiones y Ñeembucú.
El Arroyo Caañabé es uno de los principales cauces hídricos del departamento de Paraguarí. Su curso de agua se extiende aproximadamente 100 kilómetros y desemboca en los humedales del Lago Ypoá en la compañía Franco Isla-Caapucumí de Carapeguá.
La alerta que nuevamente movilizó a las autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y de la Fiscalía del Ambiente de Asunción, fue la denuncia que realizó García Miró ante el derrame de un líquido de color rosado que se observaba en el predio de unas dos hectáreas, perteneciente a la empresa Durli Leathers S.A y donde también los lugareños se quejaban del olor nauseabundo que se percibía desde el lugar.
La firma en cuestión está ubicada en el kilómetro 84 de la ruta Py01, Mariscal Francisco Solano López, y sus instalaciones fueron habilitadas por la Municipalidad de Paraguarí, como una empresa maquiladora procesadora de cuero y sub producto de animal vacuno.
La empresa dentro de su plan de gestión ambiental, tiene aprobado por el Mades que el agua utilizada en el procesamiento del cuero, una vez tratada en la planta industrial a través de un caño es arrojada al arroyo Caañabé. La firma fue intervenida por el Mades está con un proceso de sumario administrativo. Asimismo, para levantar evidencias se constituyeron en el lugar, los fiscales del Medio Ambiente, Carlos Rojas y Lisa Martínez.
Defensa del Ypoá depende de todos
El Caañabé que es el principal recurso hídrico que desemboca en los humedales del Ypoá, desde el 2019 volvió a aparecer masiva mortandad de peces, el representante legal de la empresa Durli Leathers S.A ,Paulo Antonio Fell, fue denunciado en ese momento por el supuesto hecho de procesamiento ilícito de desechos industriales. Dicha causa está a cargo del fiscal Carlos Rojas, quien imputó al empresario y ahora se está aguardando que se fije audiencia preliminar al juicio oral y público. La denuncia fue presentada por el Ing. Ecólogo Juan Valentín García Miró.
Sin embargo, el pasado 9 de agosto el Ing. Ecó. García Miró denunció nuevamente ante la fiscalía del Ambiente, a la firma Durli Leathers S.A, porque en el predio de unas dos hectáreas de la empresa se observaba la presencia de un líquido rosado y la colocación de taludes de arena que estaban a punto de desbordarse.
Su preocupación como defensor de los recursos naturales, de que con cualquier lluvia, dichos restos industriales sean arrastrados hasta el arroyo Caañabé, ocasionando la contaminación del cauce y como es el principal tributario del lago Ypoá, se podría ocasionar un grave daño ecológico a dicho recurso natural, explicó García Miró.
La solución no es cerrar la fábrica, aquí se necesita una constante inspección y verificación del cumplimiento del DIA, y asesoramiento para evitar que los desechos industriales lleguen al Caañabé y comprometa la contaminación del Lago Ypoá. Y alguien debe animarse a denunciar de lo contrario en menos de 10 años, en el Ypoá se va tener el mismo o tal vez peor panorama que en el Lago Ypacarai, manifestó García Miró.
Sugirió que para tratar de encontrar una solución al problema de contaminación del arroyo Caañabé se debe instalar una mesa interinstitucional, similar a la conformada por la defensa del Lago Yapacaraí y trabajar por un proyecto de protección y preservación del Ypoá.
Se debe buscar alternativa de solución de reparación del daño ambiental, en caso de comprobarse que iba a alterar el recurso natural de la zona y se debe suspender toda actividad o acción que están influyendo en la eventual polución ambiental del arroyo Caañabé y del lago Ypoá.
Asimismo, los responsables de la justicia deben dar una sanción ejemplar no sólo a las industrias que ocasionan contaminación de los cauces hídricos, sino también a los funcionarios y autoridades que por omisión permiten que las actividades de delitos ambientales queden impunes.
Industrias habilitadas sobre la cuenca del Arroyo Caañabé
Desde el 2009, la Municipalidad de Carapeguá ha venido permitiendo de manera sistemática la habilitación de empresas, mataderos, destilerías, curtidurías, lavaderos, algunas instaladas sobre el arroyo Capilla, que cruza por la ciudad y que desemboca en el arroyo Caañabé.
Algunas industrias ubicadas en predios que afectan los afluentes al Caañabé, se encuentran en Sapucai, la fábrica de caña Tres Leones y la fábrica de caña y azúcar de ALPASA en Acahay y Sapucai, en Yaguarón está latente aún el proyecto de Mega Vertedero intermunicipal (Biena) y en las cercanías de Mocito Isla se ha secado el canal y se presume fue por el desvío del cauce hídrico realizado por productores de arroz y soja.
Se contaba con más de 10 curtiembres entre pequeñas y medianas en Carapeguá, cuatro mataderías incluida la municipal. Otras curtiembres se han cerrado por disposición judicial y por no adecuar sus instalaciones a las exigencia sanitarias.
La Municipalidad y la Junta de Saneamiento local tenían previsto un poner en marcha el alcantarillado sanitario, pero hasta el momento nada fue concretado, por lo que gran parte de las aguas servidas del casco urbano de este distrito se siguen descargando al arroyo Capilla y este a su vez desemboca en el arroyo Caañabé.
En enero del 2019 ante la mortandad de peces se había informado que el arroyo Caañabé estaba con un alto grado de contaminación de productos tóxicos y bacterias, según informe que había brindado la Dirección de Ensayos Ambiental, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología(INTN). En ese entonces se había informado que el arroyo Caañabé contenía cromo, aceite, grasa sulfuro y coliformes y ya habían advertido que si no se actúa, el lago Ypoá podría sufrir una grave contaminación.
La Junta Municipal local por resolución 7/2019 había declarado emergencia ambiental. El llamado de alerta sobre el Ypoá ya se había dado en el 2019 durante un encuentro realizado con autoridades municipales y de la gobernación del departamento de Paraguarí, a instancia de la comisión interinstitucional ambiental, presidida por el Dr. Antonio Fretes, titular de la Corte Suprema de Justicia.
En el 2019 el entonces presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), Senador Blas Lanzoni, había mantenido una reunión virtual con intendentes, concejales y representantes del Mades y habían analizadon acciones urgentes a desarrollar para proteger de la contaminación la cuenca del Arroyo Caañabé. Además acordaron fomentar el desarrollo comunitario y el cumplimiento de las leyes ambientales, pero hasta la fecha nada se hizo al respecto en el arroyo Caañabé ni en el Lago Ypoá.
En el 2020 la Junta Departamental de Paraguarí, por resolución N°06/2020 había declarado de interés departamental la protección y conservación del arroyo Caañabé, por la importancia de la biodiversidad. Sin embargo, la contaminación al cause sigue en el orden del día.
Intervención fiscal-judicial
La empresa Durli Leathers S.A, cuyo representante legal es Paulo Antonio Fell, tiene dos denuncias ante el Ministerio Público por el supuesto hecho de procesamiento ilícito de desechos industriales. El pasado 11 de agosto el local de la firma fue intervenido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Y luego el jueves la empresa fue intervenida a pedido del Mades. La empresa en los dos casos fue denunciada ante la fiscalía del Ambiente, por el Ingeniero Ecólogo Juan Valentín García Miró.
Los fiscalizadores del Mades se había constituido el martes último en la firma y constataron en el predio una presunta mala disposición de los desechos industriales. Ante dicho informe el ente de control ambiental, dictó como medida de urgencia dos resoluciones. La primera resolución N°260, por la que se dispuso la suspensión de la Declaración de Impacto Ambiental y la segunda resolución N°264 que indica la forma que debe proceder la empresa para remediar el daño causado.
Entre las medidas correctivas a realizar fue señalado que deben eliminar totalmente el líquido de color rosado que se encontraba en la propiedad, de una dimensión de dos hectáreas y remover los diques o taludes para dejar el predio en su estado natural, señala la disposición emitida por el Director General del Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, Abog. Diego Lezcano.
Posterior a dicha intervención el Mades recibió nuevamente información que la empresa no estaba cumpliendo con la disposición y que seguían trabajando sin inconveniente alguno.
Los fiscalizadores se volvieron a constituir en el lugar donde encontraron fulones trabajando a igual que la planta de tratamiento y los directivos no le permitieron a los fiscalizadores ingresar al sector donde estaba el líquido para levantar las muestras.
Esta situación obligó al Mades solicitar a la Fiscalía del Ambiente una orden de allanamiento, que se cumplió el jueves último en horas de la tarde. La fiscal Lisa Martínez encabezó el procedimiento acompañado por técnicos del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y Metrología (INTN).
Lo que el Mades no sabía fue que ellos seguían operando mediante un recurso de amparo que solicitaron al juez de Garantía de Carapeguá, Hilario Bustos. De esta disposición judicial se enteraron cuando la fiscal Martínez, llegó al Juzgado a solicitar orden de allanamiento y el juez Bustos se inhibió porque dijo que ya había otorgado una medida cautelar de urgencia a favor de la firma Durli Leathers S.A.
La fiscal tuvo que deambular en busca de un Juez en el Departamento de Paraguarí, para que le firme la orden de allanamiento y no podía retornar al distrito de Paraguarí porque Bustos también interina el Juzgado de dicho municipio, desde que falleció la juez Francisca Rivas.
La agente fiscal tuvo que ir hasta Ybycuí, donde el Juez Guillermo Ortega, firmó la orden de allanamiento, pero cuando vinieron a la empresa, se presume que ya estaban avisados, y los intervinientes no encontraron a ningún trabajador operando en las maquinarias, pese a que tenían el recurso de amparo y que sí podían seguir trabajando.
Los intervinientes fueron hasta la parte trasera de la firma y levantaron la muestra del líquido y lodo y será analizado. Aunque los propietarios consideran que son perseguidos por García Miró y algunos vecinos colindantes, los denunciantes aseguran que si trabajan cumpliendo con las normativas ambientales nadie les va a molestar, pero que estarán pendiente siempre protegiendo al Caañabé y al Lago Ypoá.