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La audiencia preliminar -iniciada el 11 de agosto pasado- está a cargo de la jueza penal de garantías Lici Sánchez, quien en la ocasión anterior escuchó los incidentes planteados por la defensa.
Incidente de nulidad, de inclusión probatoria y sobreseimiento definitivo fueron planteados por la defensa en la ocasión y que en la fecha serán contestados por la fiscala Sara Torres.
Posteriormente, la magistrada deberá resolver los incidentes y se espera aún para hoy que decida si la médica va a o no a juicio oral y público por homicidio culposo, tal como solicita el Ministerio Público.
Según la acusación, la doctora Laura Sena omitió realizar una serie de acciones para el caso específico del paciente, a pesar de que estuvo en la sala de observación donde fue asistido el menor.
La profesional fue incluida en el proceso tras conocerse el resultado de la junta médica, que advirtió omisiones de parte de la referida profesional.
Renato Federico Rojas Talavera, de dos años, fue llevado por familiares al servicio de Urgencias del Sanatorio Migone a las 08:11 del 20 de agosto del 2019 y falleció a las 13:05 del mismo día.
Videos captados por cámaras del circuito interno del nosocomio revelan cómo la madre pedía auxilio a gritos, ante la indiferencia de los médicos de guardia.
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Manifestación a favor de acusada
Frente al Palacio de Justicia, médicos se manifiestan a favor de la acusada desde tempranas horas. Con la consigna “#Todos somos Laura. No a la criminalización del acto médico”, los manifestantes abogan por la desvinculación de la acusada del proceso penal.
Los manifestantes repudian la acusación, pues afirman que el accionar de la acusada no tuvo incidencia en la muerte de Renato.
Demanda por daños y perjuicios
El 30 de julio de 2021, los padres de Renato, Carlos Federico Rojas Romero y Macarena Talavera Angulo, presentaron una demanda de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra el Sanatorio Migone Battilana por la presunta negligencia médica que derivó en la muerte del niño.
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La acción, que reclama un resarcimiento de G. 38.696.170.032, fue promovida por los abogados Juan Martín Barba, Guillermo Gómez Zotti y Rodrigo Cuevas y está a cargo del juez en lo civil y comercial Édgar Rivas Laguardia.