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El tribunal de sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro (presidente), Cándida Fleitas y Juan Carlos Zárate declaró la extinción de la acción penal del proceso por presunta estafa y producción de documentos no auténticos que afrontaban cuatro exfuncionarios del Indert, así como el expresidente de esa institución Luis Ortigoza, quien sigue prófugo de la Justicia.
En consecuencia fueron absueltos de culpa y pena Ostaciano López González (50), ex director regional del Indert en Amambay; Andrés Argüello Román (45), ex secretario general de la Presidencia del Indert; Enrique Duarte López (59), exencargado de deslinde del departamento de Catastro, y Osmar Escobar Núñez (43), ex asesor jurídico de la institución.
El Tribunal de Sentencia aplicó la ley N° 2.341/03, que establece que el plazo máximo de duración del procedimiento penal es de 4 años y, atendiendo a que el cómputo se inicia el 19 de febrero de 2015 (fecha de la última notificación a los procesados) y que a consecuencia de todos los incidentes, excepciones y apelaciones planteadas por las defensas los plazos del presente proceso se suspendieron por 2 años, 3 meses y 9 días, concluyó que la causa penal se extinguió el 26 de mayo de 2021.
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Al respecto, los jueces de sentencia resaltan que no encontraron ningún escrito de urgimiento ni en primera ni en segunda instancia, a los efectos de las resoluciones dentro del plazo que la ley y/o norma procesal establecen para resoluciones de incidentes y de recursos.
Agregan que es una cuestión que el Tribunal siempre ha resaltado incluso cuando se promueve acciones de inconstitucionalidad y recuerda que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y está obligado al impulso del procedimiento.
“Analizada la constancia de autos se observa una indolente actuación de los agentes fiscales representantes del Ministerio Público y, de conformidad a las disposiciones legales mencionadas, este Tribunal colegiado de sentencia Nº 1 considera conforme al Art. 2° inciso 3 del C.P.P, corresponde declarar la extinción de la acción penal y consecuentemente el archivamiento de la presente causa”, resalta parte del fallo.
Fiscala que investigó el caso es ahora jueza de sentencia
El acta de imputación fue presentada el 12 de febrero de 2015 por la entonces fiscala Yolanda Portillo, quien detalló que el 24 de octubre de 2012 se adjudicó a Ali Hatem Barakat el lote agrícola ubicado en la colonia Caaguy Poty, distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay.
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Dicha propiedad posee una superficie de nueve hectáreas con 9.986 metros y 6.430 centímetros cuadrados y es un aeropuerto del citado municipio. La resolución fue firmada por el entonces presidente del Indert Luis Ortigoza.
Según la imputación fiscal, el 26 de julio de 2013, el árabe presuntamente solicitó la reconstrucción del expediente, justificando que el anterior se había extraviado. En el nuevo se anexaron documentos, entre los cuales figuraba un deslinde, en el cual se detallaban las coordenadas del lote. El referido documento fue firmado por Enrique Duarte.
Por otra parte, en el referido expediente, López firmó una solicitud de compra del lote mencionado, en el que supuestamente Barakat pedía al anterior titular del Indert, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, la adjudicación de los lotes agrícolas. Ante esta situación, el 23 de diciembre de 2013, funcionarios de la referida institución se constituyeron en el lugar y constataron que el lote adjudicado resultó ser el aeropuerto de Capitán Bado y que no estaba ocupado por ningún particular, ni existían construcciones o plantaciones mencionadas en la solicitud de compra.
Ali Hatem pagó apenas el monto de G. 5.119.323 por la propiedad que está situada a metros de la frontera.
La misma agente Yolanda Portillo presentó la acusación y pedido de elevación de la causa a juicio oral el 12 de agosto de 2015. Sin embargo, atendiendo a que fue designada como jueza de sentencia y actualmente integra el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, para el juicio oral el fiscal Juan Ledesma fue designado como representante del Ministerio Público.