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El equipo de Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) llega al país este fin de semana y arrancará oficialmente su agenda de actividades mañana, lunes, siendo la primera actividad una reunión con referentes de los tres poderes del Estado.
La reunión tendrá lugar en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP) a las 08:00 y está previsto que asista el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, en representación del Poder Ejecutivo; el titular del Congreso, Oscar Salomón; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel.
Seguidamente se realizarán reuniones con el consejo técnico, y entrevistas con agentes de supervisión financiera, para luego ir avanzando con los sujetos obligados de la ley “antilavado”, precisó Diego Marcet director jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Más de 50 entrevistas
Según precisó Marcet, poco más de 50 entrevistas son las que están marcadas en principio en la agenda de los evaluadores que irán desarrollando entre el 23 de agosto y 3 de setiembre del corriente. El equipo está conformado por los países de Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Serán convocados las distintas áreas, entre ellas: agentes de sectores público y privado, autoridades, legisladores, Fiscalía, así como reguladores del sistema financiero, sujetos obligados en general del rubro bancario, casas de cambios, remesadoras de fondos, aseguradoras, juegos de azar, cooperativas, empeños, playas de autos, Organizaciones sin fines de lucho, escribanos, entre otros tantos.
Cabe mencionar que la anterior evaluación fue en 2008, ocasión en el que el ingresamos a una “lista gris” de países no cooperantes debido a un lapidario informe de faltas observadas por los evaluadores, por debilidad institucional y ausencia de leyes claves para combatir estos delitos.
Paraguay tuvo que hacer un plan de reformas legales muy fuerte y así logró salir de esta lista en el 2012. El grupo contralor ya se encuentra realizando la evaluación integral del sistema de lucha contra el lavado de dinero desde noviembre de 2019, que abarca operaciones desde el 2015 al 2020 (ver cuadro).
Evitar la lista gris
Desde el equipo técnico supervisor hay confianza de pasar este examen que será clave para la administración de Mario Abdo Benítez. En caso de tener un revés en la evaluación e ingresar nuevamente a la lista de países no cooperantes, será considerado como un retroceso con incidencias en la inversión, ya que la calificación de riesgo país podría verse afectada, con dificultades para transaccionar con corresponsales del exterior, costos financieros más elevados, entro otros aspectos.
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Riesgos en triple frontera: Contrabando y narcotráfico
Uno de los temas ineludibles en la agenda del Gafilat son los negocios ilícitos en las fronteras, como el contrabando de cigarrillos y de otros bienes, el narcotráfico, considerado una de las principales fuentes del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en nuestro país.
Hay interés del equipo de examinadores sobre el movimiento en la Triple Frontera, incluso no se descarta que puedan ir hasta Ciudad del Este para interiorizarse in situ sobre el contexto en esta parte del país, donde hay alarmas en relación al movimiento de dinero de dudoso origen.
Muchas de estas operaciones ilícitas luego ingresan al sistema financiero montando algún esquema de empresas fantasmas de fachada o se filtran través de casas de cambio que operan tanto en CDE o Foz de Iguazú. Respecto al contrabando de cigarrillos, solo en dos años se han decomisado unas 30 millones de cajetillas, con casi nulo avance de los órganos que deben sancionar estos delitos.
Esperan efectividad
Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Gafilat, indicó en una entrevista reciente a ABC Color que ya no importa tanto si se aprobó la ley que modifica el tipo penal, sino que esta evaluación se enfoca más en cuan bien está aplicando esa ley.
Entre otros puntos se analizará si hay sentencias firmes, si se están persiguiendo los delitos. Si los reportes que envían los bancos a la Seprelad son consistentes, si la Unidad de Inteligencia está remitiendo los casos a la Fiscalía.
“Si el país me dice que tiene como amenaza la corrupción, el contrabando, el tráfico de estupefacientes, yo quiero ver sentencias. Ese paralelismo entre lo que se marca como riesgoso y la respuesta que se está dando, es lo que más nos preocupa”, dijo.
Condenas OGD, Cárdenas y otros
En Paraguay hay pocos casos que concluyen con procesados o encarcelados por delitos de lavado, y en muchos la Justicia intervino para atenuar las penas. Esto ya fue interiorizado en un reciente simulacro de verificación previa a la evaluación internacional sobre la lucha contra el lavado.
En ese sentido, los evaluadores de Gafilat tendrán que analizar entre otros las condenas en el caso de Óscar González Daher, Justo Pastor Cárdenas y el del “Mecánico de Oro”; que recibieron condenas irrisorias por parte del Tribunal.
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Frágil acción judicial
Uno de los más sonados casos que desnudan la fragilidad de las acciones judiciales es, por ejemplo, el de Forex, de CDE, que tuvo conclusión en la justicia en el 2017. Sin embargo, la condena solo fue para exfuncionarios de mandos medios de la extinguida casa de cambios y no para los que lideraron el operativo. Fue por la remesa de más US$ 600 millones al exterior mediante empresas ficticias.
Incluso uno de los bancos logró, con ayuda judicial, una atenuación del “castigo” que le impuso el BCP por infringir normas antilavado. Bonanza Cambios de Ciudad del Este también fue salvada por la Corte Suprema en el 2016. El BCP le retiró la licencia para operar en 2011 debido a dudas en el origen de fondos de sus accionistas, pero gracias a la acción judicial sigue operando en el sistema.
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Caso Messer
Sobre el caso de las cuentas de Darío Messer (“hermano del alma” del ex presidente Horacio Cartes) en el Banco Nacional de Fomento (BNF) que movilizó millonarias sumas de dinero (US$ 56 millones) desde cuentas del exterior entre el 2011 hasta el 2018; pero solo se tuvo en cuenta desde el 2016, debido a que los periodos anteriores prescribieron por la acción tardía del regulador. Por este caso se aplicó una multa de G. 10.000 millones por faltas administrativas en contravención a las disposiciones preventivas de lavado. El caso fue recientemente recurrido en la Justicia por parte del BNF.
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