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Apuntó que no se discute la aplicación ni el monto de la multa sino el hecho de que por no pagarla, le impidan hacer varios trámites.
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Destacó además que el proyecto de ley aprobado, según los argumentos que se expresaron en la plenaria del jueves, parten de sospechar de la deshonestidad de los ciudadanos en cuanto a que no van a votar porque “venden” su cédula.
Indico que si se parte de la sospecha de deshonestidad, se puede suponer que estas persona no tendrán problemas en pagar la multa, con lo cual no se abona el objetivo de conseguir que la ciudadanía participe.
Sostuvo además que la aplicación de estas sanciones, sin un debido proceso, es ilegal.
Ayala consideró que la Justicia Electoral, que es la que percibirá el dinero de las multas debería buscar una fórmula para cobrar la multa que no sea la de condenar a ciudadanos y ciudadanas estar imposibilitados de realizar trámites ante algunas instituciones.
Advirtió, por otro lado, que de acuerdo a la Constitución todas las organizaciones intermedias, como cooperativas, clubes de fútbol, gremios empresariales, sindicatos, partidos políticos, etc., que eligen sus autoridades por medio de los votos también se verían afectadas por la imposibilidad de hacer trámites, hasta tanto no paguen la multa.
Sin embargo, la senadora Georgia Arrúa (PQ) dijo que de hecho en esos organismos quienes no estén al día con su cuotas, no pueden participar de las elecciones.