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El nuevo caso de corrupción fue detectado a partir de un pedido de informe hecho el 10 de octubre de 2020 por el ciudadano César Augusto Luna Baum, en el Portal Unificado de Información Pública, en su carácter de presidente de la asociación civil denominada Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana.
Luna Baum pidió datos acerca de la cantidad de motos que tiene la Policía Nacional, la cantidad de combustible usada por los vehículos y detalles de los puntos de carga.
Automáticamente, Información Pública derivó el caso a la Policía Nacional, cuyo Departamento de Transparencia y Anticorrupción y Oficina de Acceso a la Información Pública respondió al solicitante con todos los datos “en bruto”, es decir, las planillas con los números de tarjetas magnéticas asignadas a cada vehículo, así como fechas y lugares de carga de combustible durante el periodo 2020 en las estaciones de servicio de Petropar.
Increíblemente, la propia Policía se delató ante el solicitante al enviarle las planillas que contenían las evidencias de la multimillonaria tragada.
Aparentemente, nadie de la Policía se tomó el tiempo de revisar las planillas antes de enviarlas, ya que ellas contenían informaciones llamativas, como que la cantidad de combustible supuestamente cargada a algunos vehículos eran hasta 17 ó 20 veces superiores a la verdadera capacidad de sus tanques.
También figura en la planilla policial que algunos vehículos que usan nafta aparecen como que se les cargaba diésel. Obviamente, en todos los casos fueron maniobras ejecutadas simplemente para extraer el dinero contenido en las tarjetas de combustible.
Evidentemente, también había complicidad de los playeros y otros funcionarios de Petropar que simulaban las cargas para desangrar las tarjetas y efectivizar el saldo que tenían.
Tarjetas desangradas
El 19 de abril de 2021, luego de indagar durante cinco meses, el departamento de Investigación Interna de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional emitió su informe sobre unas 150 tarjetas magnéticas revisadas y que permitió descubrir algunas de las indignantes maniobras (ver planilla de arriba).
Considerando el promedio de robo de los saldos contenidos en las tarjetas para combustible, se estima que solo durante el año 2020 la rosca corrupta se quedó con unos G. 30.000 millones, de los G. 48.000 millones del presupuesto total.
Por ejemplo, el 27 de abril de 2020, a las 18:10, se usó una tarjeta en un surtidor de Petropar de Asunción donde supuestamente se cargaron 251 litros de gasoíl común, por un valor de G. 1.200.000, a un vehículo que en teoría es una motocicleta, pero que en la planilla figura como “Hyundai 44”.
Lo extraño es que los biciclos que usa la Policía se llenan solo con 15 litros, pero de nafta.
Al día siguiente, a las 09:51, con la misma tarjeta se volvieron a cargar supuestamente otros 222 litros de gasoíl común al mismo vehículo, por el mismo importe de G. 1.200.000, aunque ya en una estación de Azote’y.
Es decir, en 15 horas la supuesta motocicleta Hyundai recorrió 315 kilómetros desde Asunción hasta Azote’y, pero entonces consumió combustible como si hubiese hecho ese mismo viaje 10 o 15 veces.
Otro detalle es que en la planilla de la Policía figura como conductor de este vehículo un tal Celso Martínez, sin que se revelen su otro nombre y otro apellido, y mucho menos su grado y la unidad en la que presta servicio, lo que hace casi imposible identificar al responsable del uso compulsivo de la tarjeta.
Otro caso absurdo es el de otro vehículo “Hyundai 44”, manejado supuestamente por un tal Gabriel Antonio Vázquez Cabrera, al que el 2 de abril de 2020 le cargaron supuestamente 193 litros de gasoíl común en una estación Petropar de Coronel Oviedo, por valor de G. 1.000.000. Cuatro días después, hicieron exactamente la misma operación en el mismo surtidor.
Así también, el 14 de abril de 2020 fueron aún más alevosos, ya que supuestamente le cargaron al mismo vehículo nada menos que 250 litros en el mismo establecimiento de Coronel Oviedo, donde figura que los playeros extrajeron G. 1.300.000 de la tarjeta policial.
Un vehículo identificado en la planilla policial como “Ford 44” fue abastecido con 148 litros de gasoíl común, el 22 de abril de 2020, en una estación de Yby Yaú. El chofer declarado, Diego Ramón Martínez Mora, pagó G. 800.000 por la carga, con una tarjeta magnética que también aparece como objeto de la investigación de Asuntos Internos.
Pese a que Asuntos Internos recomendó hacer una denuncia ante el Ministerio Público, la carpeta quedó prácticamente paralizada.
Los responsables
La multimillonaria tragada ahora descubierta ocurrió durante la administración del anterior comandante, comisario general comandante Francisco Resquín Chamorro, quien declaró a ABC que justamente fue él quien ordenó la investigación.
Sin embargo, la pesquisa concluyó ya durante la gestión del actual comandante, comisario general comandante Luis Ignacio Arias Navarro, quien dijo a ABC que van a respetar a los órganos competentes intervinientes.
El responsable directo del manejo de los recursos policiales es el director general de Administración y Finanzas, comisario general inspector Jorge Antonio Medina Rodríguez, quien cuando fue consultado por ABC supuestamente ni siquiera sabía que la investigación ya había arrojado resultados.
El que presuntamente cajoneó el expediente original, en tanto, es el propio director de Asuntos Internos, comisario general inspector Francisco Andino Ardián, quien cuando fue preguntado sobre el monto de la tragada respondió que “no es mucho, no creo que sea mucho, no creo que sea alto el perjuicio”.
En tanto que el jefe de la división Combustible, subcomisario César Adolfo Hermosilla Álvarez, fue acusado incluso de “mala fe” porque supuestamente manipuló datos.
Continúa mañana...