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ABC solicitó a la institución dirigida por la ministra Carla Bacigalupo información referente a algunas de las empresas vinculadas con la concesionaria de Conajzar, iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores, y no respondió en el plazo establecido por la Ley N° 5282 de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental (15 días hábiles). La información fue solicitada en dos expedientes y son N° 45.178 y 45.195.
Se consultó con la Dirección de Comunicaciones y respondieron con la promesa de obtener el reporte sin precisar para cuándo, sólo se alegó que “están con mucho trabajo”. La solicitud consiste en un listado de nombres de personas físicas y jurídicas que tienen vinculación con iCrop como agentes autorizados para realizar las gestiones de “legalización” de tragamonedas, como representantes de la citada empresa -contratada por Conajzar sin licitación- en diferentes regiones del país.
El reporte del Ministerio del Trabajo es vital para conocer si las empresas subcontratadas son formales, cuántos empleados registran y si los mismos cuentan con el seguro social del Instituto de Previsión Social (IPS), tal como lo establece el Código Laboral.
Anteriormente, se intentó conocer la lista de empresas subcontratadas a través de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortíz Báez, quien negó la información alegando que se trata de un acuerdo privado entre partes y por lo tanto, confidencial (Exp. 44.452). Sin embargo, Ortíz evitó reconocer que esas firmas realizan la “legalización” de tragamonedas en representación del Estado.
Firmas vinculadas a políticos
Se estima que se trata de una maniobra para ocultar los nombres de políticos que están detrás del negocio, ya que de hecho ya saltaron hasta nombres de autoridades electas vinculadas con el negocio de las tragamanedas y de otros activistas políticos. Uno de ellos es la agencia “Onex Group SA”, de Alejandro Ferreira, quien es sobrino de Jorge González Caballero, convocado para ocupar el cargo de jefe de Gabinete de la Municipalidad de Encarnación por el actual intendente, Sebastián Remezowski (ANR). González es funcionario de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) y apareció como directivo de esta empresa, aunque aseguró a ABC que ya renunció.
En Ybycuí , la empresa “EJ Group” es otra agencia de iCrop y pertenece a Juan Arnaldo Escobar Franco, hijo del exconcejal municipal del mismo nombre Juan Escobar. La oficina funciona en la misma casa del edil.
También surgió una empresa que se presentó en locales con tragamonedas como “representante exclusiva de iCrop en Luque” es la empresa “Eveza SRL”, sobre la que no se encuentra registro privado ni público de su existencia, siquiera en los registros de la mencionada ciudad. Al respecto, la concesionaria aseguró que se trata de una “impostora”. Pero a pesar de este antecedente, se rehusó a dar la lista oficial de “agencias” de modo a que la gente pueda distinguir a las que son “oficiales”.
Sin embargo, ABC supo que iCrop sí tiene conexión con la “impostora”, ya que aparece como representante de la firma María Mercedes Zarza Delvalle, esposa de Ariel Vera Vázquez, ambos representantes de “Grupo Mercantil SA”. Además, es cuñada de Cristhiant Vera Vázquez, expresidente de Conajzar y actual asesor jurídico de iCrop.
Niegan información pública de manera sistemática
El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez niega información pública de manera sistemática, como los datos solicitados a Conajzar, datos que por el artículo 8 de la Ley N° 5282 de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental deben estar disponibles en el portal. El Ejecutivo mantiene en sus cargos a funcionarios que no cumplen con la legislación vigente e incluso responsables de entregar sus atribuciones a un privado, como el caso del titular de Conajzar.
Por las irregularidades detectadas con el contrato de tragamonedas, la adjudicación de la quiniela y reducción de canon durante la pandemia, el Senado interpeló a Ortíz y ya presentó la moción de voto censura.
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