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Consultada al respecto, la presidenta de la circunscripción judicial del departamento Central, Dra. María Teresa González de Daniel, afirmó que se dispone de menos cantidad de magistrados que la capital del país. Acotó que en Asunción se tiene una población de 500.000 a 600.000 habitantes, mientras que en el XI departamento están por los 2.500.000.
“Tenemos una cantidad de jueces, de recursos humanos, infraestructura física no acorde con la demanda de justicia. Se hace la previsión en base a lo que se puede conseguir presupuestariamente”, afirmó.
Con respecto a las causas que corren riesgo de extinguirse o de prescribir, informó que, a raíz de una nota presentada a comienzo de año por la Coordinadora de Juicios Orales, la jueza de sentencia de Luque, Nancy Karina Adorno, el ministro superintendente Eugenio Jiménez Rolón advierte de la situación. “Advierte que se estaban sorteando una cantidad de expedientes para juicio oral que podrían correr riesgo de extinción debido a que venían con fecha muy ajustada ya para la conformación del Tribunal de Sentencia y el agendamiento de la fecha de juicio oral”, acotó.
Afirmó que el ministro comunicó a la Corte esta preocupación y se llevó adelante una reunión con todos los jueces involucrados de Central a principio de año afectados al área penal y se estructuró la Acordada 1.525. La misma dispuso que todos aquellos casos que estén en juzgados de garantía, para ir a juicio oral, tengan que ser remitidos con un informe para que sea alertada la oficina de Coordinación de Juicios Orales, que tiene por función sortear los juicios e integrar los tribunales de sentencia, que esos casos que están recibiendo tienen riesgo de extinción o prescripción.
Aseguró que de esta manera se acelera el sorteo y comunican al presidente del tribunal sorteado de manera a que agende lo antes posible el juicio para evitar que las causas queden en la nada, tras haber finalizado el plazo para su juzgamiento. Detalló que en Central se tiene de 30 a 40 expedientes por semana que se sortean para juicios orales.
Detalló que a instancia del ministro también se sancionó una ley que crea dos tribunales más de sentencia en Central, pero aún no tienen correspondencia presupuestaria, por lo que van a ser integrados por jueces comisionados de otras circunscripciones comisionados a Central, sin perjuicio en sus funciones. Sin embargo, todavía no está en funcionamiento porque se tiene un problema logístico como falta de computadoras, de espacio físico, y sobre todo se debe tener funcionarios esenciales, al menos dos actuarios y dos ujieres, por lo que están abocados a esto.
También reconoció que faltan jueces de ejecución en Lambaré, porque atienden causas de San Antonio, Villa Elisa y Ñemby. “Esta planificado pero es difícil conseguir presupuesto. El juzgado de San Lorenzo fue pensado solo para Juzgados de Primera Instancia, pero desde hace más de 10 años se tienen tribunales de apelaciones funcionando”, acotó al añadir que también se prevé un segundo tribunal de apelaciones en lo penal para Central.