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El Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, presidido por la diputada Kattya González, mantuvo un encuentro con empresarios de juegos de azar, quienes habían solicitado la reunión para exteriorizar los inconvenientes que registran para obtener cuentas bancarias y el impacto al sector que generó el contrato firmado entre la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz, y la firma iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores.
Adriana Gorchs, representante de la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (APEJA), comentó que hasta hace poco las empresas contaban con cuentas bancarias hasta que esas entidades financieras fueron cancelandolas de manera paulatina y unilateral. Hoy, ni siquiera logran obtener una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF). “El problema es Gafilat. Para no tener una evaluación tan negativa nos cierran las cuentas a nosotros los empresarios de juegos de azar. Es más fácil no tenernos como clientes”, denunció la empresaria, haciendo referencia al próximo examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Paraguay, sobre cómo se encuentra nuestro país en materia de lavado de dinero.
Al no tener cuenta bancaria, deben transaccionar en efectivo
Según lo explicado, los bancos tienen cuentas internacionales y alegan que sus corresponsales en el extranjero restringen y para no tener con ellos inconvenientes en las operaciones, apelan al derecho de dimisión y les niegan la cuenta. Indicó que esta situación les obliga a usar otras cuentas para las operaciones o realizar las transacciones con dinero en efectivo, incluso para el pago de impuestos, ya que el sector es agente de retención.
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Gustavo Costa, abogado de nacionalidad argentina, opinó sobre la importancia de que las empresas de juegos de azar sean bancarizadas para un mejor control y confianza en sus operaciones. Mencionó que es así en Argentina y otros países del mundo, por lo que resaltó la llamativa situación que se reporta en Paraguay.
Por su parte, Lorena Rojas, de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA), también lamentó la postura unánime de los bancos que trabajan en el país.
Además, puso en la agenda la situación que se plantea con la Resolución N° 34/2020 de Conajzar, con la cual “legaliza” la explotación de tragamonedas que funcionan en sitios diferentes de las salas exclusivas de juegos de azar, lo cual está prohibido por ley. “Nos urge la sanción de este proyecto de ley que está en diputados”, manifestó.
Ley sobre tragamonedas
Días atrás, el Senado sancionó un proyecto de ley que regula la explotación de tragamonedas de país y el documento pasó a la Cámara Baja. La propuesta consiste en regular el sistema de habilitación, explotación y uso de estos aparatos, para evitar que menores de edad caigan en la adicción al juego, y ratifica que esa es una función de las municipalidades conforme establece en la Ley Nº 1016/97 de Juegos de Azar.
El ex presidente de Conajzar y actual asesor del sector, Javier Balbuena, señaló que la explotación de tragamonedas en despensas, bares, bodegas, copetines y otros comercios cuya actividad principal no es el juego de azar siempre estuvo prohibida, puesto que de esta manera están expuestos los menores de edad al peligro de usarlas y que ellos caigan en la adicción al juego.
Viola principio de protección a menores
“Ese concepto de que pueda estar en cualquier lugar diferente a salas de juegos de azar con fines recaudatorios viola principios de protección a los menores”, aseveró el especialista. Recordó que en 2014 se firmó un convenio con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y el Ministerio de la Niñez con el cual las instituciones se comprometieron a acompañar los trabajos para proteger de la ludopatía a los niños y adolescentes, se viola este acuerdo e incluso compromisos internacionales, aseguró.
Balbuena también recalcó que estas decisiones de esta índole dan una mala imagen a los empresarios de juegos de azar, quienes realizan importantes inversiones.
Se “legaliza” lo prohibido por ley
Aprovechó para referirse a la publicidad de iCrop y la calificó como campaña de desinformación porque habla de beneficios de sus actividades pero no es otra cosa que fomentar la recaudación basándose en lo ilegal, incluso con cláusulas de contrato que son nulas. “Los recursos obtenidos van a Diben, que es para asistencia sanitaria, pero ni es mucho porque apenas es el 30% de la recaudación. Hoy estamos discutiendo que se legalizó lo que está prohibido” dijo. Recalcó la importancia de que la Contraloría investigue el caso.
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Diputada pidió poner críticas en un escrito
Luego de escuchar los testimonios, la diputada González pidió que se acerque por escrito los puntos específicos que solicitan para solucionar la problemática del sector para que puedan trabajar tranquilos y de manera legal. Recalcó que es de sumo interés cumplir con todos los principios para precautelar el bienestar de los menores de edad.
Otros de los participantes del sector empresarial fueron Juan Enrique Nogués, de la empresa Bingopar (Asunción y Ciudad del Este); Adrián Lucero, Cosmopolitan (Asunción, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Campo Nueve y Santa Rita); Valdomiro Monteiro, Che Valle Mi (Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este), Rafael Gamliel, Euro Golden (Asunción, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero); Antonio Andraeus, Del Este Diversiones (Ciudad del Este); Santiago Herbon, Entretenimientos del Sur (Asunción, Coronel Oviedo), Javier Antola, Cosmopolitan (Ciudad del Este y Pilar); Juan Rubio, Azar Internacional (Asunción, San Ignacio, Caacupé y Encarnación).
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