La auditoría de revisión especial a la Gobernación del XI Departamento estuvo a cargo de la Senac y la AGPE, en el marco de la Ley Nº 6.641/2020 “De apoyo financiero a los gobiernos departamentales para la reactivación económica y la ejecución de obras de infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19”.

La Gobernación de Central recibió US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) del Ejecutivo. El gobernador Hugo Javier (ANR cartista) no tuvo mejor idea que repartir el dinero rápidamente a dos entidades “sin fines de lucro”, como el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo, que recibió G. 5.105 millones para la realización de obras de infraestructura, así como también al Consejo Regional de Salud, presidido por el doctor Hugo Cabrera, que recibió G. 1.276 millones.

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En la rendición de cuentas de CIAP y del Consejo Regional de Salud presentadas a la Contraloría General de la República (CGR) aparecen facturas de dudosa procedencia. Por ejemplo, algunas son clonadas, otras son de empresas que no existen en las direcciones declaradas, otras son facturas a crédito que no tienen recibos de dinero y algunas compras fueron hechas incluso de comercios que no guardan relación con los artículos adquiridos, entre otras falencias.

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La Senac y la SET hicieron una denuncia penal ante el Ministerio Público el pasado 8 de julio sobre los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal.

Sin embargo, hasta la fecha no hubo grandes avances en la investigación a cargo del fiscal Rodrigo Estigarribia, titular de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Semanas atrás, el agente ya abrió camino para un posible blanqueo a Hugo Javier y dijo que no se debe olvidar que el dinero fue manejado por la fundación CIAP y que “crear falsas expectativas” sobre la posible imputación del gobernador de Central, ordenador de gastos, podría ser perjudicial. Afirmó que no tiene suficientes elementos que confirmen un daño patrimonial.

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Graves hallazgos en auditoría especial

Como resultado del análisis realizado por las instituciones se han identificado documentaciones con posibles contenidos falsos e inconsistencias administrativas, tributarias y contables en las rendiciones de cuentas, que sirvieron de sustento para la formulación de una denuncia penal.

Respecto al Consejo Regional de Salud, que recibió G. 1.276.400.000, se confirma que la organización no está habilitada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

Así ya lo había confirmado la Dirección de Descentralización de la cartera de Estado, ya que esta dependencia no cuenta con la última acta de asamblea y de elección de autoridades. Fueron requeridas las documentaciones para la regularización, pero hasta la fecha no fueron entregadas por la Gobernación de Central.

La Senac y la AGPE solicitaron en la víspera a la Gobernación de Central los documentos que evidencien las donaciones de bienes e insumos realizados por el Consejo al Hospital Distrital de Areguá, ya que al 7 de julio de este año el “Departamento administrativo sección patrimonio Regional de la Undécima Región Sanitaria – Dpto. Central manifiesta no haber recibido ningún listado firmado y sellado de bienes donados por la Gobernación del Departamento Central”.

Sin embargo, al respecto, anteriormente la Gobernación entregó al equipo auditor documentaciones de un acta de entrega de fecha 30 de septiembre de 2020, es decir, mucho antes que recibieran la transferencia del fondo de emergencia por COVID-19. El contenido de la supuesta donación no coincide con las facturas presentadas en la rendición de cuentas referente a la ley de emergencia.

También se evidenció que la Gobernación transfirió G. 1.276 millones al Consejo “sin haber contado con el contrato de transferencia de recurso”, dice el informe preliminar de la Senac y la AGPE. Se confirma además que el Consejo rindió cuentas con facturas de fecha anterior a la recepción de fondos y cobro de cheques.

Respecto a esta organización, los auditores concluyen que “no existiría la certeza absoluta de que los fondos otorgados por la Gobernación del Departamento Central hayan sido utilizados para la adquisición de los bienes presentados en la rendición de cuentas del Consejo Regional de Salud del Departamento Central”.

Irregularidades que involucran a CIAP

Concerniente a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), el informe preliminar de la Senac y de la AGPE sobre el uso de G. 5.105.600.000, se refiere primeramente a la “naturaleza de la fundación”, es decir, los fines y objetivos de CIAP dispuestos en el Estatuto legal, capítulo III Art. 4 donde dicta “La fundación tiene como finalidad apoyar a futuros profesionales de diversas disciplinas, la promoción de los valores sociales e individuales que conduzcan al logro del mejoramiento de las condiciones de vida de las personas”.

Asimismo, en su Art. 4 también indica que “Son objetivos de la Fundación”, la formación de profesionales en diversas disciplinas mediante la concienciación y la educación de valores, la formación de las personas, el apoyo a profesionales, la provisión de equipos u otros bienes de los centros de formación y de capacitación y cualquier otra acción licitada que “concuerde con su finalidad y objetivos”.

Sin embargo, la Gobernación de Central, no tuvo en cuenta la naturaleza de la ONG CIAP y le otorgó G. 5.105 (solo este año) para la “construcción y mantenimiento de espacios públicos y pavimentación asfáltica tipo empedrado en el Departamento Central”, dice el informe.

Al respecto, los auditores dicen que existe “una severa inconsistencia entre el objeto del convenio y el objeto social de la fundación CIAP”, puesto que, debió existir una modificación del estatuto social que le permita realizar las labores encomendadas por el gobernador Hugo Javier.

“Por tanto, al no existir una modificación en el objeto social de la Fundación CIAP que implique desarrollar trabajos de construcción de obras civiles y pavimentación asfáltica, podemos inferir la existencia de una posible irregularidad en la selección de la Gobernación del Departamento Central para la administración de los fondos transferidos a la fundación”, explica el informe.

Se agrega, que no se tiene conocimiento sobre la experiencia y conocimiento necesarios de la ONG, así como la capacidad técnica, solvencia económica y adecuada cantidad d recursos humanos, para realizar trabajos de infraestructuras o cualquier otra actividad que no se relacione con su objetivo, misión y alcance.

Desde el 2019, CIAP recibe fondos de la Gobernación para la realización de obras de infraestructura, minga ambiental, contratación de personal para la institución departamental, compra de medicamentos, compra de alimentos, adquisición de artículos de oficina, organización de eventos y el desarrollo de proyectos que no guardan relación con su naturaleza y alcance.