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En la jornada de hoy se presentó el proyecto que declara insatisfactorias las respuestas del presidente de la Comisión Nacional de Jugos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortíz Báez, en el Senado. La máxima autoridad de la instancia que regula los juegos de azar fue interrogado el 28 de julio último, por más de cuatro horas, y legisladores de todas las bancadas coincidieron en cuestionar la gestión desprolija, algunos incluso lo calificaron de corrupto y mafioso.
Los firmantes de la propuesta son Antonio Barrios, Blas Lanzoni, Blas Llano, Carlos Filizzola, Carlos Gómez Zelada, Desiree Masi, Enrique Bacchetta, Eusebio Ramón Ayala, Fernando Lugo, Fernando Silva Facetti, Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Hugo Richer, Jorge Querey, José Bartolomé Ramírez, Juan Carlos Galaverna, Miguel F. Rodríguez, Pedro Santacruz, Salyn Buzarquis, Sergio Godoy, Sixto Pereira, Stephan Rasmussen, Víctor Ríos, Zulma Gómez y Esperanza Martínez. Esta última indicó que sólo faltan cinco votos para lograr la aprobación de la propuesta.
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La “legalización” de las máquinas tragamonedas es una de las autorizaciones otorgadas por la Conajzar más cuestionadas en el contrato firmado con la empresa iCrop S.A. Este contrato, realizado en forma directa y sin concurso, le autoriza a la empresa, representada por Ariel Peña Flores, a censar y catastrar las máquinas que funcionen en sitios diferentes a las casas de juegos de azar. Le autoriza además la explotación del negocio, es decir, es juez y parte.
Uno de los aspectos llamativos es que se estableció la “regularización” de unas 50.000 máquinas tragamonedas en el país. La gestión tiene un costo de entre G. 300.000 y G. 450.000, y de ese monto, sólo lo correspondiente a un jornal mínimo (G. 88.051) llega a las arcas del estado y el resto queda como parte de los ingresos de la firma privada. Hasta tres máquinas pueden ser autorizadas por comercio.
Los legisladores cuestionaron que este mecanismo tiene por objetivo recaudar dinero de manera ilícita, atropellando la autonomía municipal y estimaron que se trata de la creación de una estructura que facilite el lavado de dinero.
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Con relación a la quiniela, el Senado cuestionó que la firma Technologies Development of Paraguay (TDP SA), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, fue beneficiada con la adjudicación a pesar de que es morosa del fisco. En cuanto a la reducción del valor del canon, se consideró que es ilegal y sobre todo se criticó que represente una reducción de la recaudación ya que es fuente de ingresos de la Dirección de Ayuda Social y Beneficencia (Diben), institución que brinda asistencia sanitaria y es de funcionamiento clave en pandemia.
Con hermetismo, Conajzar se reúne con concesionarias para tratar evaluación de Gafilat
El presidente de Conajzar, José Ortíz, se reunió hoy con las empresas concesionarias del sector para conversar sobre las entrevistas que realizarán técnicos de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gagfilat) la próxima semana. Se trata de la evaluación que se realiza al país referente a la efectividad de las normativas antilavado y prevención de financiamiento al terrorismo.
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El año pasado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), emitió la Resolución n° 258, que establece el reglamento que las empresas de juegos de azar deben cumplir, y establece los parámetros que permiten la trazabilidad del flujo de dinero del sector. Se intentó conversar con los empresarios o algún representante de Conajzar pero nadie accedió a una entrevista.
Un equipo periodístico de ABC acudió a la sede de la institución en busca de documentos solicitados a través del Portal de Acceso a la Información Pública (AIP), EXP. 44.452, y se encontró con la reunión con los concesionarios de juegos de azar. Entre los documentos solicitados están todas las resoluciones firmadas por Ortíz durante su gestión y hasta el momento se facilitó los correspondientes al 2018 y 2019, pero ahora que correspondía entregar las de este año y del año pasado (2020 y 2021), el presidente se niega a facilitar las copias “por cuestiones de recursos”, según informó una funcionaria.
Añadió que se podría tomar fotografías de los documentos, en un horario que van a informar. Sería una maniobra más para desalentar el acceso a datos sensibles del manejo de la institución, y a pesar de que los documentos se deben encontrar en libre acceso en su portal, ya que así lo establece el artículo 8° de la ley N° 5282 de Libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.