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El citado acuerdo fue firmado el 4 de mayo de 2017 por los presidentes de Paraguay y de Argentina, Cartes y Mauricio Macri, y fue ratificado el 1 de agosto de 2018 por el Congreso, 14 días antes de que asuma el actual jefe de Estado Mario Abdo Benítez. En ese convenio Paraguay acepta una deuda espuria por US$ 4.000 millones y negocia por 30 años la venta de energía a precio inferior al de mercado.
La oposición acusó penalmente la semana pasada a los gobiernos responsables de la deuda espuria de Itaipú y de paso exigen al presidente Abdo Benítez (ANR) anular el saldo negativo con la binacional. La denuncia argumenta que cada usuario de la ANDE fue robado en casi G. 4 millones.
La mesa de presidentes de partidos de la oposición presentó una querella contra las autoridades responsables de la deuda espuria de Itaipú tasada en US$ 4.193 millones en daños al Paraguay.
La querella acusa directamente al dictador Alfredo Stroessner y a los presidentes Andrés Rodríguez (ambos ya fallecidos) y Juan Carlos Wasmosy, así como a sus cancilleres; presidentes de la ANDE y directores y consejeros de Itaipú desde 1985 hasta 1987, periodo en el que se avaló una tarifa incluso inferior al costo para beneficiar al Brasil.
La denuncia fue presentada por el titular del PLRA, Efraín Alegre; del Partido Revolucionario Febrerista, Guillermo Ferreiro, y del Partido de la “A”, Víctor “Oti” Sánchez, ante la sede del Ministerio Público. Sin embargo, la iniciativa también tendría el respaldo del Frente Guasu, PDP, PEN, entre otros. Efrén Silva, abogado y apoderado del efrainismo, sostuvo que las autoridades denunciadas deben responder con su peculio.
Indicó que los acusan de lesión de confianza, exacción (exigencia de pago de impuestos) y asociación criminal. Además, mencionó que se trató de una “traición a la patria” y que estos delitos no prescriben.
En su presentación, Alegre agregó que también hubo un daño de US$ 940 millones transferidos a los usuarios de la ANDE . Según cálculos de los querellantes, tomando 1.631.602 usuarios, cada uno sufrió un perjuicio de G. 3.950.000. “Por cada G. 100.000 en tarifa de la ANDE, G. 20.000 eran para la deuda espuria”, había señalado Alegre. La denuncia pone entre la espada y la pared a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien vinculan con Cartes.