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Luego de cinco suspensiones debido a varios hechos dilatorios planteados por la defensa, se inició hoy la audiencia preliminar para el exfiscal general Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, quienes participaron de la diligencia por medios telemáticos, porque están con aislamiento preventivo debido a síntomas de covid-19.
Los fiscales Natalia Silva y Osmar Legal ratificaron que la pareja no puede justificar nada menos que G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre 2008 y 2017; y en consecuencia reiteraron su pedido de elevar a juicio oral y público la causa penal.
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Por su parte, los abogados defensores plantearon incidentes de nulidad absoluta de la acusación y sobreseimiento definitivo, tanto para el extitular del Ministerio Público como para su esposa, de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En representación de Díaz Verón están los abogados Mario Elizeche Baudo y Derlis Martínez; y la defensa de María Selva Morínigo es ejercida por los abogados Mario Elizeche González y Luis Olmedo.
Tras escuchar a las partes, el juez Julián López declaró un cuarto intermedio y, atendiendo a que mañana es asueto judicial por la muerte de la ministra de la Corte Suprema Gladys Bareiro de Módica, convocó nuevamente a los fiscales y las defensas para este jueves, a las 9:00, a fin de dar a conocer su resolución sobre los incidentes planteados y si Díaz Verón y su esposa deberán ser juzgados por un Tribunal de Sentencia.
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Ocultó bienes a través de su esposa
Según la acusación del Ministerio Público, la mayoría de los bienes obtenidos ilegalmente por Javier Díaz Verón fueron ocultados a través de su esposa, María Selva Morínigo, que fue funcionaria pública del Fondo Ganadero desde el 2008, año que concluyó con un superávit de G. 128.471753.
En el año 2010, la mujer empezó a acrecentar el dinero con inversiones, con la creación de la sociedad Lagunitas SA con acciones de G. 4.474.300.000, inversión realizada para la compra de ganado y la construcción de obras en un inmueble de la citada firma.
Las “inversiones” siguieron y en 2013 María Selva tuvo un déficit de G. 5.417.194.422.
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La mujer aumentó a G. 260.000.000 el capital de la firma Yerutí SRL (de 2014 a 2017) y en la empresa Salty River SA, María Selva Morínigo intervino y participó como representante de la firma Canto Rodado SA. De esa forma, destinó inversiones de G. 598.227.088.
Entre 2014 y 2017, la esposa del exfiscal general inyectó capital a Canto Rodado por G. 2.331.888.851. En esa firma aparecen sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo, quienes no poseen ingresos que justifiquen sus aportes.
Otra forma de ocultar bienes de la pareja fueron las regulaciones de honorarios profesionales de María Selva por un supuesto valor de G. 777.812.539 y con solo 29 facturas.