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Martínez indicó a ABC que conversa con los colegas de su bancada para que el Senado pueda reunirse con los especialistas como parte del proceso de evaluación relacionado al lavado de dinero. Algo similar a la iniciativa de la diputada Kattya González.
Mencionó que la agenda de la comitiva fue elaborada por el Poder Ejecutivo y no incluye al Legislativo, pese a que en este Poder tienen varios puntos en agenda que les gustaría profundizar, teniendo en cuenta la falta de respuestas del presidente Mario Abdo Benítez. “Nos preocupa sobre todo el lavado de dinero y todo el sistema de corrupción, ante la falta de respuesta del Ejecutivo ante hechos claros y concretos”, expresó.
La senadora enfatizó sobre su interés por plantear a Gafilat el plan que lleva adelante Abdo Benítez de “regularización” de tragamonedas, a través de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Los directivos de dicha institución, todos designados por decreto presidencial, son de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Corina Alonso; de Municipalidades, Ricardo Núñez Giménez, y Gobernaciones, Rubén Antonio Roussillón, y por los ministerio del Interior, Omar Mongelós, y de Hacienda, José Ortíz, quien ejerce la presidencia.
El plan consiste en la “legalización” de tragamonedas que pululan en sitios no exclusivos de juegos de azar, tales como bodegas, bares, despensas y otros que no están contemplados en la ley N° 1016/97 de Juegos de Azar. Se trata de una propuesta planteada por la empresa iCrop SA (representada por Ariel Peña) con el supuesto objetivo de proteger a los niños y adolescentes de caer en la ludopatía, según establece la Resolución N° 34/2020 con el cual la Conajzar autorizó sus operaciones, pero que en la práctica solo sirve para recaudar.
El plan consiste en la “regularización” de 50.000 tragamonedas mediante el cobro de canon de un jornal mínimo (G. 88.051) mensual y el valor de las gestiones de iCrop está entre G. 300.000 y G. 450.000. Es decir, de cumplir el compromiso, la firma tendrá una recaudación mensual de US$ 1,5 millones (70% de los ingresos), mientras que el Estado, US$ 652.229 (30%). La senadora estima que en realidad se trata de la creación de un sistema para obtener ingresos de forma no legítima y lavar dinero.
Varias municipales han emitido resoluciones para prohibir las actividades de iCrop y sus firmas subcontratadas, cuyo listado es “confidencial”, dijeron en Conajzar. La Municipalidad de Asunción presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por violar la autonomía municipal y apropiarse de sus recursos. Pero la empresa igual opera en otras ciudades del país.
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Empresas de juegos de azar no pueden bancarizarse
La senadora expresó que como parte del seguimiento a la problemática planteada con las tragamonedas y la creación de un sistema de competencia desleal a las salas de juegos de azar, legalmente constituidas, supo que las mismas se encuentran imposibilitadas para crear una cuenta bancaria.
“Los bancos no les aceptan que abran una cuenta bancaria porque son de alto riesgo. Justamente por ese motivo hay que controlarlas”, destacó. Añadió que los afectados desean bancarizarse pero no se les permite ni en el Banco Nacional de Fomento (BNF), por lo que los empresarios “deben manejarse con dinero en efectivo, como en el viejo Oeste, meter en una bolsa e ir al banco”. Precisamente, el dinero en efectivo usan los lavadores de dinero de origen ilegítimo.
Martínez destacó las trabas que se le impone al sector pero que no se registra la misma situación al momento de recibir el dinero que se le paga a iCrop SA, incluso para cobrar impuestos.
Al respecto, Lorena Rojas, presidenta de la Asociación de Juegos de Azar, confirmó que reportan inconvenientes para la bancarización y lo ejemplificó con esta declaración: “Estamos excluidos del sistema financiero, significa que si tu empresa tiene como actividad los juegos de azar nadie se quiere juntar contigo”.
Añadió que el gremio se encuentra trabajando en un proyecto de ley con el cual se obligaría al BNF a contar con una cuenta corriente para que las explotadoras de tragamonedas puedan pagar canon, impuestos, tasas, con lo cual además se estaría facilitando conocer la trazabilidad del dinero.
