Modificaciones que faltan definir

La Cámara de Diputado decidiría esta semana sobre el proyecto de ley de consolidación económica y de contención social a fin de que el Poder Ejecutivo lo pueda promulgar lo antes posible para su implementación en lo que resta del año.

En zonas más vulnerables sobrevivieron por meses con la autogestión de ollas populares, sobre todo en los meses de cuarentena estricta.
En zonas más vulnerables sobrevivieron por meses con la autogestión de ollas populares, sobre todo en los meses de cuarentena estricta.Archivo, ABC Color

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El diputado Tadeo Rojas (ANR), presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, señaló a ABC que darán celeridad al estudio del proyecto cuando la Cámara de Senadores lo remita.

Los diputados deberán definir cuál de las versiones será sancionada finalmente, aunque ya son pocos los artículos que quedan por discutir entre lo modificado por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados.

El Senado sancionó el pasado jueves 12 los artículos que excluyen a docentes y al personal de salud de la prohibición de aumento salarial, así como también mantener en vigencia el programa de desprecarización para el personal contratado del IPS y de salud, pero se ratificó en los fondos destinados a ollas populares, entre otros puntos.

Para las ollas populares se ratificó los fondos establecidos inicialmente, de US$ 5 millones, luego de que Diputados dejara sin efecto este programa y optara por destinar US$ 1 millón para el Instituto Nacional del Indígena (INDI), US$ 1 millón para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y US$ 3 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para construcción de viviendas.

Los senadores consideraron importante mantener el programa de ollas populares, teniendo en cuenta la necesidad de seguir asistiendo a la población más vulnerable en esta coyuntura de la pandemia del covid-19.

Otros puntos a ser discutidos son los US$ 15 millones destinados para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y los US$ 23 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS) para el pago del subsidio a trabajadores formales suspendidos o por reposo.

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