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El artículo 71 del Estatuto Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR) que habla sobre la pérdida de la condición de afiliado al partido, menciona en el inciso B como uno de los motivos “por mediar condena judicial por la comisión de delitos que merezcan pena corporal de más de dos años”.
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Sin embargo, las autoridades de turno hacen oídos sordos de este artículo en el caso Óscar González Daher (OGD) el exsenador colorado cartista, quien ya tiene dos condenas. La primera fue en diciembre del 2020 por tráfico de influencias por los audios filtrados donde su castigo fueron dos años de prisión con suspensión de la condena; y la segunda, fue el 12 de agosto pasado, donde el castigo fue de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
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Eduardo González, apoderado de la ANR, justificó que aún no sea expulsado OGD, así como su hijo el concejal de Luque Rubén González Chaves, condenado a 8 años de prisión, argumentando que aún falta que la sentencia quede firme. Sin embargo, en los casos del fallecido exdiputado suplente Carlos “Chicharõ” Sánchez Garcete y su hermano Ardonio, no hubo condenas previas pero igual fueron expulsados. Lo mismo ocurrió con la exdiputada cartista Perla Acosta, a quien le castigaron por haber trabajado contra Cartes.