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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra Redacción Regional). Los pobladores habían vivido dos años de calvario durante la invasión de sus inmuebles por parte de los nativos, quienes colocaron tranqueras y los dejaron aislados en sus propias casas.
Los afectados responsabilizan de cualquier situación a la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Alejandra Magalí Zavala Ríos, y a las ONG “Plataforma Social”, “DD.HH., Memoria y Democracia”, de lo que consideran un atropello. Explicaron que temen por su integridad y sus bienes.
“Soportamos amenazas, siendo legítimos propietarios, donde la justicia ni la Policía cumplen con nuestro resguardo. No existe estado de Derecho para el respeto a la propiedad privada. Giuzzio y el comandante (de la Policía Nacional) están haciendo este procedimiento peligroso con una turba de campesinos e indígenas que llegaron a nuestra comunidad y pretenden confiscar nuestras tierras de 7, 10 y 26 hectáreas que poseemos desde 1995”, expresa un comunicado que emitieron los afectados.
Los vecinos tuvieron que trasladar sus animales por motivos de seguridad.
Documentos dudosos
Los aborígenes habían ingresado a la propiedad en el 2019, alegando que se trataba de un inmueble de más de 1.300 hectáreas que había sido comprado por parte del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) para reubicarlos. No obstante, la adquisición fue solo en los papeles, según denunciaron las propias autoridades anteriores de la entidad gubernamental para tratar los asuntos concernientes a los pueblos nativos.
La abogada Liz Alfonso, hija de uno de los colonos afectados por la medida de la jueza en lo Civil y Comercial, Magalí Zavala Ríos, recordó que los documentos del Indi son de dudosa procedencia. Señaló también que responsabilizan a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior de los daños que pudieran sufrir a raíz de esta situación y afirmó que los vecinos están dispuestos a defender sus propiedades.
“Nos encontramos totalmente desprotegidos y desamparados, ante un gobierno que no garantiza la propiedad privada y se encuentra hundido en un profundo estado de incapacidad”, expresó Alfonso.
El oficio de mandamiento de la magistrada Zavala señala que podrá solicitar y hacer uso de la fuerza pública. Asimismo, dispone el allanamiento de domicilio de la parte demandada para hacer cumplir la medida cautelar a favor de los miembros de la citada comunidad indígena.