Para el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, la condena a Óscar González Daher y su hijo, Óscar González Chaves, es un hecho relevante que constituye un importante hito para la justicia nacional, ya que se encontró culpable de varios ilícitos a uno de “los señores” de la Fiscalía, es decir, una persona con muchísima influencia en el Ministerio Público.

Conforme señaló, tanto González Daher como el expresidente de la República, Horacio Cartes, eran quienes manejaban “a su antojo” a la Fiscalía, y en otros tiempos se creería imposible que uno de los dos sean “alcanzados” por la justicia. “Es un hecho relevante, en primer lugar, porque hoy se produjo una condena a uno de los señores dueños de la Fiscalía”, resaltó.

Alegre manifestó que, a su criterio, la presencia en el juicio de Brian Skaret, asesor legal residente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, contribuyó a que el Tribunal de Sentencia condene a el exsenador y su hijo, puesto que ambos estaban “bajo la lupa” del gobierno norteamericano.

Subrayó que fue necesario que EE.UU. controle el debido proceso en la actuación del Ministerio Público, para que se llegue a la condena. “Es importante que para que salga condenado tuvo que venir un enviado del gobierno de Estados Unidos para hacer tutela y control del debido proceso”, aseveró.

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Sobre este punto, indicó que si los resultados serán acabar con la impunidad en el país, sería positivo que delegados de EE.UU. acompañen los procesos judiciales que están en la mira. “Esto pone en tela de juicio a toda la justicia nacional”, mencionó.

Cabe recordar que este jueves, el Tribunal presidido por la jueza Yolanda Portillo e integrado por los magistrados Yolanda Morel y Jesús Riera resolvió condenar a 7 años de prisión a González Daher, por los delitos de enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Fue absuelto de la acusación de lavado de dinero.

Por otra parte, el Tribunal también condenó a Óscar González Chaves, hijo del exsenador, a 8 años de cárcel por lavado de dinero, declaración falsa y enriquecimiento ilícito.

Ambos condenados también tienen prohibido ejercer la función pública durante 7 años, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal de Sentencia.

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