Cargando...
La prosecución del juicio oral será el martes 17 de agosto a las 11:00, según dispuso el tribunal de sentencia integrado con los jueces Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Héctor Fabián Escobar.
La defensa ejercida por el abogado Guillermo Ferreiro planteó el incidente de nulidad de la acusación por no concurrir las formalidades dispuestas en el artículo 347 del Código Procesal Penal, pero el incidente fue rechazado por el tribunal colegiado. La Fiscalía estuvo representada en el juicio oral por los fiscales Ángel Ramírez y Juan Carlos Ruiz Díaz.
Sobre el desarrollo del juicio oral, Roa indicó que al momento de producir las pruebas documentales, tuvieron un inconveniente porque el tribunal en forma unilateral, violentando lo que se había aprobado por auto interlocutorio en el que se ordenaba librar oficios al Ministerio Público para que informe sobre la lista de todas las personas que fueron procesadas en el 2020 y parte de 2021, que indiquen las salidas procesales que beneficiaron a los procesados, intentó proseguir con la audiencia. Además, la defensa quiere saber si se cobraron multas o se recibieron donaciones, y en su caso, que se indiquen los montos y que digan los destinos del dinero obtenido.
De igual manera, la defensa solicitó que el Ministerio Público responda qué pasó de la denuncia que realizó contra el presidente de la República Mario Abdo Benítez, porque en sus redes oficiales, había publicado que estaba regresando de una actividad presidencial, y en el habitáculo de su camioneta en la que volvía, estaban cuatro integrantes de su comitiva, a pesar de que su propio decreto ordenaba que solamente dos personas podían estar en cada vehículo.
<b>No existe delito</b>
El abogado defensor Guillermo Ferreiro dijo que la ley medioambiental por la que está procesada la activista María Esther Roa, “no describe el hecho punible y para colmo lo quieren completar con un decreto presidencial, lo que no se puede. Recurren a una figura de la ley penal en blanco, no tienen idea de lo que es, y no hay descripción del hecho concreto. A nuestro criterio estamos acá (juicio oral) porque el juez penal de garantías no hizo su trabajo y esperemos que este tribunal sí lo haga”, argumentó el abogado.
No hay causa penal si no hay un delito previamente descrito en una ley penal, y eso no existe en el proceso. Violar la cuarentena o el distanciamiento social, no es delito, puede ser un caso de transgresión administrativa para aplicar una multa, pero para penalizarlo se debe redactar una ley que describa el caso en concreto, indicó el defensor.
Agregó: “Esta es la Fiscalía que tenemos al servicio del robo del Estado. Porque en realidad la pandemia se utilizó para cuidar a la gente, pero también se utilizó para hacer ‘negocios’, y la Fiscalía está ahora castigando a la gente que molesta, y Esther Roa molesta porque escracha a los corruptos”, indicó el abogado.
El caso
La supuesta violación a la cuarentena sanitaria se verificó el 3 de junio de 2020, cuando un grupo de personas e integrantes de organizaciones sociales se manifestaron en la Avda. Costanera en la denominada “Caravana contra la corrupción y la impunidad 2020”. Luego estos manifestantes se trasladaron hasta el Panteón Nacional de los Héroes donde supuestamente se aglomeraron unas 100 personas, y con ello violaron el protocolo para mitigar el COVID-19.
El fiscal Ángel Ramírez junto al fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz Parris, son los que defienden la acusación contra Roa, cuyo escrito fue presentado el 10 de setiembre de 2020 por presunta violación de la cuarentena sanitaria y entonces solicitó al juez penal de garantías Julián López, la elevación de la causa a juicio oral y público.
También fueron acusados por el Ministerio Público por violación de la cuarentena sanitaria los activistas Cándido Alberto Brizuela (54), Diego Augusto Mendoza Coronel (30) y Juan Domingo Galeano Grassi (32), pero estos últimos procesados plantearon varios incidentes en instancias superiores y no van a ser juzgados aún.