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El titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH), Carlos Pereira, dijo que atendió a varios grupos de indígenas y de comisiones de grupos organizados para escuchar sus pedidos. Sin embargo, evitó precisar las respuestas que se estaría dando ya que, según argumentó, “una vez que se apruebe la ampliación que se está estudiando en el Parlamento, se sabrá cuántas viviendas se podrían construir”, dijo.
Desde este lunes, estos sectores se movilizan en el microcentro de Asunción junto con docentes y camioneros para que las autoridades, tanto del Ejecutivo como Legislativo, atiendan sus demandas de mejor calidad de vida. Los profesores piden un aumento de recursos para sus salarios y los camioneros, que por ley se establezcan los parámetros de costos de sus servicios.
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En el caso de viviendas sociales, Pereira especificó que la ampliación presupuestaria es parte del proyecto de ley del Ministerio de Hacienda “de Consolidación Económica y Contención Social”, que alcanza unos G. 365.000 millones a ser distribuidos en varios entes. Precisó que la propuesta del Senado era de G. 15.000 millones para el MUVH y ayer, en Diputados aumentaron a G. 18.000 millones.
Pereira aclaró que una vez aprobados los recursos se podría precisar la cantidad de viviendas a construir y aclaró que las obras serán ejecutadas aplicando la normativa del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), ley N° 3637.
Duerme en Diputados modificación al Fonavis
A inicios de abril último, el Senado había aprobado la modificación de la ley del Fonavis que tiene como objetivo optimizar la trazabilidad de las adjudicaciones en el marco del programa, es decir, tener más transparencia tanto en la lista de los beneficiarios de las casas propias como de los responsables de la construcción. La iniciativa pasó a Diputados y desde entonces no fue tratada la propuesta del MUVH.
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Cabe recordar que se trata del nuevo reglamento del programa elaborado por Pereira, quien asumió en reemplazo del exministro de Dany Durand, quien fue muy criticado por la falta de transparencia en su gestión y el direccionamiento de los recursos públicos, además de la construcción de las viviendas sobrefacturadas.
La Contraloría General de la República (CGR) confirmó las irregularidades y notificó al Ministerio Público que habría un daño patrimonial de G. 90.000 millones. La investigación está a cargo de la fiscala Susy Riquelme.
El Fonavis permite transferencias directas, vía rubro 800, a organizaciones de “Servicios de Asistencia Técnica (SAT), las cuales se encargan de postular a los aspirantes de viviendas sociales, quienes deben cumplir determinados requisitos. También se encargan de contratar a las constructoras que levantarán las casas.
Ejecución de los US$ 47 millones
Laura Vera, directora jurídica del MUVH, informó que al cierre de agosto se adjudicaron unas 2.244 viviendas sociales, cuyo valor superan los G. 89.187 millones, en el segundo llamado realizado recientemente como parte de la ejecución de los US$ 47 millones del plan de reactivación económico.
Estas ejecuciones se suman a lo reportado a fines de mayo. La institución había comprometido la construcción de más de 600 casas, valuadas en G.103.560 millones.
La aprobación del plan de reactivación económica fue objeto de polémica debido a la falta de transparencia de la administración de Durand, lo que motivó que los Diputados plantearan someter al Fonavis al control de Contrataciones Públicas. Esta iniciativa fue repudiada por el entonces ministro e instó a las organizaciones sociales a escrachar a los impulsores, cuyos mensajes fueron filtrados, lo que terminó forzando a Durand a renunciar.
