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Existen unas 800 invasiones de grupos campesinos e indígenas a propiedades privadas en distintas zonas del país, que ya tienen trámites de desalojo en la Fiscalía General del Estado, según se informó ayer tras la reunión realizada en el Senado, entre legisladores, autoridades del Ejecutivo con los líderes de la CNI y la ACIP.
El cuestionado dirigente campesino Jorge Galeano, primero se refirió a que exigen que se entregue a los grupos campesinos unas nueve propiedades que fueron expropiadas al crimen organizado y que ya estarían a nombre del Estado. El mismo insistió que dicho reclamo forma parte de un acuerdo que él firmó con el titular del Congreso, Óscar Salomón y el entonces ministro del Interior, Euclides Acevedo, para que unas tres propiedades del Estado, pasen a ser patrimonio del Indert para ser destinados a “sujetos de la reforma agraria”, es decir a grupos campesinos.
En la reunión realizada ayer en el Congreso participaron los senadores José Ledesma, Fulgencio Rodríguez, Sixto Pereira, Hugo Richer, entre otros legisladores, con participación de la titular del Indert, Gail González Yaluff.
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Frente al Ministerio Público
Remarcó que en la fecha se manifestarán frente al Ministerio Público para exigir el cese inmediato de los planes de desalojo a las 800 invasiones a propiedades privadas, alegando que los organismos internacionales recomienda que por ser pandemia se deberían evitar realizar dichos actos. El mismo alegó que “la mafia organizada está aprovechando la debilidad institucional del Gobierno”.
Se debe recordar que desde principios de este año tanto la Asociación Rural del Paraguay (ARP) como la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Feprinco, así como otros gremios empresariales que integran el conglomerado empresarial han denunciado la proliferación de masivas invasiones a propiedades privadas, ante la inacción de las instituciones del Estado. Incluso se denunció la presunta reutilización del polémico “Protocolo Filizzola”, para los desalojos.
Dicho documento había sido establecido el 20 de marzo de 2012 durante la gestión del ministro del Interior, Rafael Filizzola, y fue derogado a mediados de setiembre de 2019, porque tenía cuatro fases que hacían impracticable los desalojos, al desnaturalizaban las instituciones del Derecho Penal, como la flagrancia y las funciones otorgadas por la ley a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a los jueces, según explicaron especialistas.
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Sexto punto del acuerdo “Cachito”
El tema de los desalojos de propiedades privadas fue el sexto punto “acordado” en un documento que inconstitucionalmente fue firmado por el presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón (Cachito), y el entonces ministro del Interior, Euclides Acevedo, con los líderes de la CNI y la ACIP, que forzaron el documento chantajeando con el levantamiento de los piquetes contra la ciudadanía asuncena.
En dicho documento los representantes de ambos poderes del Estado se comprometieron, “a través del Indert y el Indi a hacer una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución, en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma, en una acción civil y estudiando caso por caso”.
El grave hecho jurídico no llamó la atención de la prensa en su momento, debido a que el documento presentaba 10 puntos y los debates se centraron en los primeros dos, en los que se acordó la reasignación al Ministerio de Agricultura y Ganadería de US$ 25 millones, que estaban previstos dentro del Presupuesto General de la Nación para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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El camino jurídico para conseguir dinero público
Por ese entonces, el objetivo de los campesinos era crear un camino jurídico para las transferencias directas de dinero a las organizaciones campesinas, hecho que se logró con la Ley 6669/2020, y que hasta ahora siguen reclamando los de la CNI y la ACIP, aunque ya se les transfirió unos G. 21.000 millones, según informó el ministro de Agricultura, ingeniero agrónomo Santiago, Bertoni. Este dijo que se espera la rendición de los gastos en proyectos productivos, para completar la otra mitad de las transferencias que les fueron aprobadas.
La línea de legalizar invasiones
Como antecedente también se debe poner en contexto que el último día de junio pasado, la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad y remitió al archivo el proyecto de ley que pretendía legalizar las invasiones de la propiedad privada. Los cartistas habían presentado el mismo texto del proyecto de ley que había sido retirado una semana antes por el senador Pedro Santa Cruz (PDP).
Se trataba del proyecto de ley “Que amplía el Art. 142, invasión de inmueble ajeno, del Código Penal, modificado por Ley 3440/2008”. El mismo pretendía que no se configure como hecho punible la invasión de inmueble ajeno, cuando hayan transcurrido 6 meses o más entre la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso el denunciante podrá iniciar acciones posesorias.