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La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Lidia Victoria Acuña Ricardo, es conocida por “blanquear” a conocidos políticos que son procesados penalmente. La caso por el que el JEM abrió la “investigación preliminar” está identificada como causa Nº 73/18 en el expediente: “Raúl Fernández Lippmann s/ enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, en la que igualmente está investigado el juez penal de garantías Julián López, para quienes la asesoría jurídica recomienda el enjuiciamiento. Sin embargo, en el portal digital de consulta de expedientes del Jurado no se menciona cuales son los hechos o antecedentes de posible mal desempeño de funciones que se le atribuye a la fiscala y que amerite la apertura de la mencionada investigación.
La investigación preliminar en la causa Nº 73/18 se abrió en febrero de 2018, durante la presidencia en el Jurado del entonces miembro Cristian Kriskovich, pero el abogado ya no es representante ante el órgano juzgador. Informaciones periodísticas de estas fechas, refieren que Acuña se había allanado a la concesión del arresto domiciliario para Fernández Lippmann, luego de estar un mes en la penitenciaría de Tacumbú. La medida fue concedida por el juez Julián López.
Fernández Lippmann había ofrecido entonces colaborar con la Fiscalía, pero esto no se dio. Acuña había agregado que la vida del procesado corría peligro en la penitenciaría de Tacumbú.
Un caso de negligencia
La fiscala Acuña sí podría enfrentar enjuiciamiento por un caso de “negligencia” al no acusar en el plazo dispuesto judicialmente al exsecretario del JEM Raúl Fernández Lippmann quien está procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, para quien el juez penal de garantías Julián López, había fijado como fecha de la presentación del requerimiento conclusivo el 29 de diciembre de 2018; sin embargo, la fiscala Acuña recién presentó su acusación recién el 4 de febrero de 2019.
Para salvar el “error” de Acuña, la Fiscalía General del Estado ordenó que presente el escrito conclusivo la fiscala adjunta de UDEA Soledad Machuca, y así lo hizo. Argumentó que existían elementos que demostraban que Fernández Lippmann poseía un patrimonio neto de G. 1.400 millones y no había correspondencia con el salario que recibía en el JEM que era de G. 21.534.073, por mes.
El proceso a Fernández Lippmann fue como derivación del conocido escándalo denominado “audios filtrados”, en el que se reveló la forma descarada en que el entonces presidente del JEM, exsenador colorado Oscar González Daher, presionada a jueces y fiscales para obtener ventajas en los pleitos judiciales de su interés y para favorecer asimismo a otros políticos de su entorno. Fernández Lippmann fue secretario general del Jurado durante la administración de González Daher.
Una de las últimas denuncias que tiene la fiscala Acuña ante el JEM, es la realizada por asociaciones civiles ante el “blanqueo” al expresidente de Petropar, Sergio Escobar, quien fue beneficiado en su procesado por lesión de confianza, con la prescripción. Señalan que la agente fiscal es responsable por no haber solicitado en las instancias correspondientes el impulso procesal del caso.
Son miembros del JEM el senador liberal Fernando Silva Facetti (presidente), Jorge Bogarín Alfonso (vicepresidente), el senador colorado Enrique Bacchetta, el diputado colorado Hernán Rivas, diputado liberal Rodrigo Blanco, los ministros de Corte Gladys Bareiro de Módica y Manuel Ramírez Candia, y la abogada Mónica Seifart.