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En conferencia de prensa esta mañana, autoridades del Gobierno anunciaron que el presidente Mario Abdo Benítez firmó el decreto 5.791, “por el cual se crea el Comité Técnico del Transporte Terrestre de Carga, dependiente de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran)”.
Según el decreto, la función principal de este comité será la de establecer los valores del costo operativo referencial del flete de unidades vehiculares de transporte de carga. “A los efectos de garantizar las condiciones justas para el desarrollo de dicho transporte para su mayor eficiencia y economía”, indica el documento.
Para la determinación del costo se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: mano de obra, precio de los combustibles, depreciación de las unidades de transporte, mantenimiento y repuestos, limitaciones de carga, distancia y volumen de carga y la naturaleza del bien a ser transportado.
“Todas estas variables van a tener en cuenta para establecer el costo operativo referencial. El costo no es lo mismo que el precio, es lo que cuesta para poder llegar a prestar el servicio. Y a partir de ahí las partes van a negociar un precio que van a pactar entre ellos. En eso no podemos intervenir, Los precios se fijan por la oferta y la demanda”, aclaró el viceministro de Tributación, Óscar Orué.
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El Comité creado podrá hacer lo que vienen exigiendo los camioneros que se encuentran en paro desde la semana pasada: fijar el costo operativo del flete. Los trabajadores del volante exigían para ello la creación de una ley cuyos artículos debían estudiados hoy en la sesión de la Cámara de Senadores, luego de la aprobación en general.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo se adelantó y según el viceministro de Tributación, emiten el decreto con el objetivo de encontrar una salida administrativa más rápida al paro que ya está afectando a varios sectores de la economía.
Recalcó que con esto se busca levantar el paro de los camioneros y garantizar el libre tránsito. Así también, resaltó que desde la SET trabajarán en la formalización del sector, para mejorar de esta manera el trabajo de los camioneros.
Orué indicó que no se establece ningún precio específico, puesto que ello es inconstitucional. “Independientemente de lo que suceda en el Senado, porque hay todavía todo un proceso de aprobación en el Congreso, eso se puede dilatar. Lo que el Gobierno quiso es subsanar el inconveniente que hay, establecer las herramientas técnicas administrativas de tal manera a que ambas partes cumplan con esto y se pueda subsanar el inconveniente”, consideró.
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