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El denominado Consejo de Emergencia Departamental, presidido por Carlos Augusto Ramos Ruiz Díaz, funcionario de la misma Gobernación de Guairá, recibió un total de G. 2.949.600.000 en diciembre de 2020 y mayo último, de acuerdo a un informe presentado por una comisión de investigación conformada en la Junta Departamental.
El desembolso fue para la construcción de una planta generadora de oxígeno donde se destinó G. 1.500 millones y otros G. 700 millones para un pabellón de contingencia que, a pesar de que ya ambos se pagaron en su totalidad, todavía no se entregaron ninguna de las dos obras. También recibió G. 374 millones para comprar 35.000 aves parrilleras y 583 kilos de balanceado, al igual que G. 375.600.000 para el servicio de flete y entrega de cal agrícola, siempre según el reporte de la Junta.
Carlos Ramos era titular de la Secretaría de Acción Social y recientemente dejó la dirección, pero continúa en la misma dependencia. Tiene un salario de G. 2.500.000 mensuales, según la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Por otro lado, la Comisión de Fomento y Desarrollo San José, cuyo presidente es Aarón Mizraym Menzel, recibió en mayo unos G. 614.462.450. Fue para la construcción de empedrados en los barrios Santa Lucía (G. 279.853.175) y Tuyutimí (G. 334.609.275) de Villarrica.
En esta última obra hay una diferencia de G. 108.488.875 entre lo que se transfirió y la rendición de cuentas que aún no se explicó, recalcaron también los ediles. Aarón Menzel es actualmente secretario de Acción Social y su salario es de apenas G. 1.000.000 al mes.
Finalmente, la Comisión de Fomento San Antonio fue beneficiada con G. 1.560.427.346 entre diciembre y enero de 2020 y mayo y junio de este año. Si bien el presidente es Aldo Duarte, las facturas de las obras están a nombre de Luis Eduardo Duré Samaniego, también funcionario de la Gobernación, recalcaron los concejales departamentales. Es auxiliar administrativo, bachiller y tiene una asignación mensual de G. 1.500.000.
Estos últimos fondos fueron para la construcción de empedrados en Rincón (G. 415 millones), Yvyra Poty (G. 329.417.150), Tuyutimí (G. 204 millones) y Lomas Valentinas (G. 67 millones), barrios y compañías de Villarrica. También para trabajos de albañilería y plomería en el Club Juventud de Iturbe (G. 150 millones) y la construcción de la cancha Yroysa (G. 100 millones), de acuerdo a parte de uno de los dos informes preliminares elaborados por la Comisión de Investigación de la Junta Departamental.
Esta comisión se conformó para indagar denuncias de presuntas irregularidades en las transferencias de fondos a comisiones y clubes de fútbol. Los ediles pidieron informes al gobernador y cruzaron datos con las rendiciones de cuentas que se presentaron ante la Contraloría General de la República (CGR). Se prepararon dos informes que se presentaron ante la plenaria de la Junta en la sesión ordinaria del martes pasado.
“Es llamativa la forma a quiénes y qué comisiones se les está desembolsando millonarios recursos”, lamentó el concejal Víctor Hugo Ortigoza (ANR, Añetete). Agregó que convocaron a los funcionarios sindicados de la Gobernación que fueron beneficiados con los aportes para pedir explicaciones, pero ninguno estaba en su lugar de trabajo. Además, anunció que empezarán a verificar las diversas obras para constatar si realmente existen las construcciones o bien en qué condiciones se hicieron.
Los G. 5.125 millones que recibieron los funcionarios son parte de los G. 12.764 millones (US$ 2 millones) que Hacienda transfirió a la Gobernación de Guairá en dos partes, una en diciembre y otra en mayo, como medida para hacer frente a la crisis económica que se vive a causa de la pandemia del covid-19.
En su defensa, el gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR cartista), sostuvo que no está prohibido que los funcionarios de la Gobernación integren, presidan o facturen en una comisión que recibe fondos de la institución. Sostuvo que consultaron con la misma Contraloría y afirmó que la misma entidad les permitió que funcionarios locales reciban el dinero.
Burla Ley de Contrataciones Públicas
El gobernador Juan Carlos Vera Báez burló la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. No llamó a licitación para la construcción del pabellón modular de contingencia ni para la planta de oxígeno a pesar de que el año pasado el Congreso sancionó la Ley N° 6524/2020 de Emergencia Sanitaria que también permitía una vía de contratación más rápida debido a la pandemia del covid-19, con publicación posterior del llamado a concurso.
Vera Báez prefirió transferir dinero a comisiones y digitó la contratación, cercenando la posibilidad de que concursen empresas y se elija la mejor oferta. Lo mismo hizo con la construcción de los empedrados.
El mismo afirmó que la misma Ley N° 6524 le permitía disponer de los recursos para una adjudicación directa, omitió que igualmente la norma establece que debe ser a través de Contrataciones Públicas, no por comisiones como hizo el gobernador.