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Además del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y de su antecesor Mario Ferreiro, la agente fiscal hizo la misma petición con relación a los concejales Javier Pintos, Fabiana Benegas de Sánchez, Mariano Cáceres, Karen Forcado, René Calonga, Augusto Wagner, Félix Ayala, Humberto Blasco, Ireneo Román y Elena Stael Alfonsi Samaniego, procesados por producción de documentos no auténticos, en el caso de la empresa recolectora de residuos EMPO Ltda.
Por otro lado, la Fiscalía solicita al juzgado que se declare el sobreseimiento definitivo de Antonio Dionicio Gaona Escobar, por fallecimiento.
La investigación tiene relación con la decisión del intendente y la Junta Municipal entonces presidida por Nenecho, de permitir el uso del certificado de cumplimiento tributario de contenido falso, y con ello indujeron en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad, para lograr el pago de G. 1.701.107.120, a la empresa EMPO Ltda. y Asociados, entonces morosa.
Cano argumenta que aún no es posible requerir la elevación de la causa a juicio y tampoco requerir el sobreseimiento definitivo, debido a que existen diligencias que deben ser realizadas y analizadas para determinar con grado de certeza la participación de los mismos en el hecho investigado.
El informe final de la Contraloría General de la República, en el expediente CGR Nº 25635/18 Contrato de Concesión del servicio de disposición final de residuos, sólidos urbanos y de servicios complementarios, precedida de obra pública LPN Nº 1/2004 – Municipalidad de Asunción, así como copias auténticas de los dictámenes emitidos en la ejecución del contrato suscripto entre la comuna capitalina y Empo a través de la licitación pública Nº 01/2004, son algunas de las diligencias pendientes.
Decisión a cargo del juez Valinotti
El juez Mirko Valinotti resolverá el caso. La imputación revela que Empo cambió de denominación en repetidas ocasiones para “maquillar” su condición de morosa con el Estado y, con la complicidad de los concejales y del entonces intendente, Mario Ferreiro, cobraba el dinero por la disposición final de la basura. La denuncia fue presentada por Rosemary González, el 19 de octubre del 2018.