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A través de sus abogados, la coacusada Nancy Genoveva Núñez de Rousillón planteó recusación en contra del juez en lo penal de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, Christian González, quien había convocado para el próximo martes 10 de agosto la audiencia preliminar de la causa que investiga el multimillonario desvío en la gobernación chaqueña.
Emulando el actuar de los demás coacusados que anteriormente recurrieron al mismo recurso para suspender la diligencia, la esposa del actual gobernador Rubén Antonio Rousillón Blaires (otro de los acusados en la causa) también recusó a los integrantes del Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Hayes: Juan Carlos Olmedo, María Elena Meza y Christian Bernal.
Con estas chicanas se busca asegurar la suspensión, por 30ª vez, de la audiencia preliminar en que el Juzgado debe resolver si eleva a juicio oral y público la causa, como solicitó en su requerimiento conclusivo el fiscal adjunto Federico Espinoza en marzo de 2015.
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El caso queda ahora nuevamente a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, que debe resolver si confirma a los camaristas en el Tribunal de Apelación Multifueros, que a su vez debe analizar la recusación planteada contra el juez Christian González.
Además de Nancy Núñez y su esposo Rubén Rousillón, en la causa están acusados el exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio Núñez (hermano del diputado colorado Basilio Núñez), Raúl Ernesto Delgado Torres, Marlene Altemburger Da Silva y Edulfo Antonio Verón Recalde.
Chicanas dilatan proceso desde el 2012
En 2012, la Contraloría General ordenó auditar la gestión del periodo 2011 del entonces gobernador. En el año 2013, el órgano contralor presentó denuncia ante el Ministerio Público por el presunto desvío de más de G. 800 millones.
Se abrió una investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal Martín Cabrera, que en 2014 imputó a Óscar Venancio Núñez y Emigdio Benítez, quien completó el periodo del primero, además de otros.
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En marzo del año 2015, el entonces fiscal adjunto anticorrupción Federico Espinoza presentó la acusación contra Núñez y otras 12 personas, entre ellas el actual gobernador Rubén Rousillón Blaires. Sin embargo, después de 6 años aún no se puede hacer la audiencia preliminar para siete acusados en la cual se tiene que resolver si estos van o no juicio oral.
La primera acusación de la Fiscalía contra Núñez fue por el perjuicio de G. 32.182 millones y en el periodo de Benítez el presunto desvío llegó a G. 11.807 millones. A esto se debe sumar G. 11.058 millones, monto que fue acusado por el actual fiscal de la causa, Luis Said.
Según la acusación, para justificar las erogaciones los administradores presentaron facturas falsas, algunas de ellas emitidas incluso a nombre de la Gobernación.