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Los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Gustavo Ocampos, integrantes del Tribunal de Apelación Penal 3ª Sala, resolvieron declarar inadmisibles dos recursos de apelación general interpuestos por las defensas de Patricia Ferreira Pascottini y Nidia Godoy, acusadas por supuesta producción de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados.
Los abogados Alfredo Kronawetter, César Alfonso y Enrique Kronawetter, en representación de Ferreira Pascottini, plantearon la apelación argumentando que el pasado 9 de junio, fecha fijada para la presentación del requerimiento conclusivo, los fiscales Sussy Riquelme, Alma Zayas y Marcelo Pecci no remitieron con la acusación las actuaciones, las evidencias y el cuaderno de investigación.
Por su parte, los abogados José Dos Santos y Sebastián Quesada, defensores de Godoy, fundamentaron que el Juzgado de Garantías a cargo de la jueza Clara Ruiz Díaz cometió un error “que causa un agravio irreparable” a la acusada.
Al respecto, los camaristas coincidieron en que el recurso de apelación general procede solo en contra de los autos interlocutorios y no en contra de providencias, salvo aquellas que causen agravio irreparable. En este caso, el recurso fue planteado contra la providencia por la cual el Juzgado de Garantías convocó a las acusadas a audiencia preliminar.
“El recurso interpuesto no es el idóneo, ya que la misma no causa un agravio irreparable, en razón de que se halla pendiente de realización la audiencia preliminar y es en ese momento en el cual las defensas tendrán la oportunidad de contradecir la tesis de la contraparte y expresar los argumentos que sustentan su posición, como así también ejercer en forma plena la posibilidad de contradicción oralmente, a los efectos de lograr la reparación de un eventual agravio”, resalta parte de la resolución.
Con esta decisión del tribunal de alzada se destraba la presente causa y, una vez que el expediente baje de la Cámara de Apelaciones, la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz podrá fijar nueva fecha para la audiencia preliminar en que debe resolver si eleva el caso a juicio oral, como solicitó el Ministerio Público.