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El empresario Rauand Rauf Latif, del grupo empresarial de la Planta Arenera de la Ciudad de Villa Elisa, accionó contra Kattya González a raíz de declaraciones realizadas por la legisladora el 24 de marzo de 2021.
En la ocasión, la diputada reveló que un empresario apadrinado por tres de sus colegas la acosó sexualmente y amenazó con violarla. Detalló entonces que esto sucede desde hace un año y medio y que formalizó la denuncia hacía 3 semanas, pero la respuesta de las autoridades, que están al tanto de la situación, fue nula.
González no dio nombres; no obstante, posteriormente pidió una orden de alejamiento contra esta persona en la Fiscalía de la citada ciudad.
“El 24 de marzo del 2021, la parlamentaria, en la sede de la Cámara de Diputados, hace una denuncia pública en mi contra, conteniendo epítetos de grueso calibre en la que se me acusa de violación sexual, agresión, coacción, persecución violenta de género, con términos ofensivos hacia mi persona y mi condición de extranjero, lesionando superlativamente mi honor y reputación”, refiere la acción.
El juez Juan Carlos Zárate tomó la decisión de desestimar la querella porque la diputada que representa al departamento Central hizo uso de sus atribuciones parlamentarias y utilizó su investidura e inmunidad para realizar la denuncia.
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Argumento del Tribunal de Apelación
Ahora, los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos ratificaron la resolución dictada por el juez Zárate el 16 de julio pasado.
“Los hechos que sirvieron de base para la presente querella se enmarcan dentro de las manifestaciones proferidas por la diputada nacional en el recinto de la sala de sesiones”, argumenta el Tribunal.
“El texto de la norma constitucional del artículo 191 es claro y categórico al expresar que ‘ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones....’, norma que se interpreta y amplía con lo contenido en el artículo 35 del Código Penal, al decir que los miembros de la Convención Nacional Constituyente y del Congreso no serán responsables por los votos emitidos y por sus declaraciones en el órgano legislativo o en sus comisiones, por lo que en las condiciones expuestas encontramos que la resolución recurrida se halla ajustada a derecho, debiendo ser confirmada”, concluye la resolución de la Cámara.