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Según las explicaciones del sector, en caso de que los legisladores consideren insatisfactorias las respuestas que dio Ortíz, tienen 20 días para presentar el pedido formal de voto censura y a partir de ahí, la Presidencia de la Cámara Alta tiene otros 20 días para que convoque a sesión extraordinaria y ponga a consideración del pleno esa solicitud.
En aquella sesión, legisladores como Juan Carlos Galaverna y Blas Llano lamentaron la ambigüedad de las respuestas de Ortíz y la falta de resultados en su gestión y ambos coincidieron que debe renunciar el cargo, incluso Enrique Bacchetta indicó que su gestión podría calificarse como el hecho punible de lesión de confianza e indicó que el Ministerio Público debe intervenir. Esperanza Martínez y Carlos Filizzola expresaron su preocupación porque la institución cedió sus atribuciones de regular los juegos de azar, específicamente las tragamonedas del país.
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Fernando Silva Facetti incluso recalcó que en pocos días llegará al país la delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que evaluará nuestras gestiones para prevenir el lavado de dinero y “no es ningún secreto que para el lavado de activos justamente los puntos focales son los juegos de azar y el tráfico de armas”.
Pese a las aireadas críticas unánime del Senado, hasta el momento no se presentó la moción de voto censura al presidente de Conajzar. Al respecto, la senadora Martínez, una de las impulsoras de la interpelación, en conversación con ABC anunció que se encuentra trabajando en los alegatos y que en la próxima semana será presentada la moción.
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Opinan que contrato es nulo
La socialización del contrato firmado entre iCrop SA y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) para la “legalización” del juego tragamonedas permitió confirmar la entrega de atribuciones del Estado a la empresa privada. El documento revela que la firma contratada de forma directa, sin concurso, para censar, catastrar y explotar tragamonedas del país no tiene un parámetro para fijar el valor de esas gestiones, no hay sanciones ni causal de rescisión del acuerdo para la compañía en caso de incumplimiento de las cláusulas, además de irrisorios montos de las garantías y multas por mora en la transferencias del canon.
Líder Acosta, del Gremio de Operadores de Máquinas Electrónicas de Entretenimientos y Juegos de Azar, apuntó las contradicciones existentes en el acuerdo, que por un lado se compromete al censo y catastro y, por el otro, la explotación. “Es una contradicción que sea juez y parte, además no hay claridad en el aspecto de fiscalización de la explotación de tragamonedas”, explicó.
Lorena Rojas, presidenta de la Asociación de Juegos de Azar, dijo a su turno que el acuerdo es un contrato nulo. “No se trata sólo del incumplimiento de la concesionaria en cuanto a sitios donde habilitan su uso y el tope de tres máquinas por local (que se identifica mediante calcomanías que con código Qr colocadas en las máquinas), sino que se aplica la nulidad absoluta desde el momento en que Conajzar delega funciones propias e inherentes a la misma”, dijo. Agregó que es función del Estado habilitar la explotación de los juegos y el cobro efectivo de los tributos, por lo que corresponde que intervengan la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público.
Javier Balbuena, asesor del sector y ex presidente de Conajzar, mencionó que no se observan dictámenes jurídicos, técnicos ni financieros que avalen la “legalización” de las máquinas en sitios prohibidos por la Ley N° 1016 que regula los juegos de azar. “Firmaron documentos públicos en perjuicio de los derechos del Estado”, añadió Balbuena.
El especialista destacó que es grave que no exista causa de rescisión de contrato por causa imputable a iCrop, ya que “con eso aprobaron que sólo la empresa pueda rescindir cuando quiera y probablemente es una causa de nulidad”, opinó.
Además, destacó que en caso de explotación en sitios prohibidos, cerca de centros educativos o en la vía pública y con exposición ante menores, sólo se prevé sanción al comerciante y no a la concesionaria. “En caso de que un menor este jugando, el responsable del local podría ir hasta a tres años a la cárcel, cuando lo que corresponde sería comunicar a la Fiscalía que diferentes firmas autorizadas y la propia concesionaria autorizan la explotación y la ubicación de tragamonedas en lugares prohibidos.
Una empresa sin experiencia, según su historial
La sociedad fue constituida en 2009 con un capital de G. 2.500 millones, bajo la denominación de “Songhe Industrial SA”, de acuerdo con fuentes comerciales. A inicios del 2018, los directivos de la compañía (Pedro Paulo Da Silva Albuquerque y Anderson Luis Lamb Vosch) acudieron ante la escribana Idalina Gamarra Ayala para actualizar el rubro de la empresa debido al cambio del “rumbo de negocios” que implicaba una modificación de los estatutos y otras exigencias legales, conforme al reporte del Ministerio de Hacienda, obtenido vía Acceso a la Información Pública (expediente N° 44.467).
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Ese informe ratifica que iCrop SA no cuenta con experiencia en el rubro de “servicios informáticos, data center y telecomunicaciones”, a pesar de eso prometió a Conajzar la “regularización” de tragamonedas que funcionan en bares, bodegas, despensas y otros comercios diferentes a las salas de juegos de azar. Sin embargo, no fue impedimento para convertirse en proveedora del Estado, mediante contrato directo con Conajzar, que se mantiene pese a las denuncias de irregularidades.
Empresa habría evadido impuestos varios años
ABC accedió a registros de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y confirmó que hay indicios que pueden alertar a las autoridades del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez sobre una posible evasión de impuestos por parte de la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores. La firma fue contratada de forma directa, sin concurso, por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz, para “regularizar” el juego de tragamonedas en el país.
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Teniendo en cuenta que la firma se creó en 2009 y en 2018 cambió el rubro pero mantuvo su Registro Único del Contribuyente (RUC), se pudo corroborar que en los últimos años no reportó pago alguno a favor del fisco en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a sus declaraciones juradas.
Se le consultó al respecto a la representante de la firma, Sol Ruíz, quien indicó que lo único que puede decir es que la compañía “tiene cinco meses de existencia”.
La sociedad como tal sí llegó a pagar Impuesto la Renta aunque sumas no muy elevadas.
Todo esto podría investigarse en la SET y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), considerando que la evasión de impuestos hoy es un delito precedente de lavado de dinero. Ruiz ya no respondió a nuestras demás preguntas.