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La presencia de Brian Skaret, asesor legal residente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el pasado jueves, día fijado para que fiscalía alegue en el caso de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa no pasó desapercibida. Tampoco la presencia de la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez.
Ambos se ubicaron estratégicamente detrás de los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Scaret es un funcionario del departamento de Justicia que está en la embajada de los Estados Unidos en Paraguay.
Precisamente, parte de su función consiste en capacitar a los fiscales en hechos referentes a crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y corrupción.
El caso del exsenador colorado Óscar González Daher y de su hijo Óscar González Chávez, exconcejal luqueño está enmarcado precisamente en el ámbito de la corrupción.
Es de público conocimiento que el gobierno de los Estados Unidos declaró como significativamente corrupto a González Daher, quien a su vez ya fue condenado en el denominado caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento.
La presencia del funcionario puede ser interpretada como un control del desarrollo de este juicio, del control del desempeño de los fiscales y el resultado de las capacitaciones permanentes que el Departamento de Justicia está brindando los Estados Unidos a los operadores de Justicia, específicamente al Ministerio Público.
A su vez, su presencia puede ser interpretada como la defensa, como un factor de presión, pero el abogado Claudio Lóvera evitó hablar de esto y sus alegatos serán escuchados el próximo jueves a partir de las 8.
El Ministerio Público requirió diez años de prisión para ÓGD y su hijo.
A la vez pidió el comiso de bienes, de ambos procesados por valor de casi 57 mil millones de guaraníes.
Casi G. 51.000 millones es lo que el acusado Rubén González Chaves no puede justificar como patrimonio. A González Daher el Ministerio Público le atribuye que no puede justificar como bienes conseguidos de forma lícita unos G. 5.826 millones. La investigación del Ministerio Público abarca desde el 25 de septiembre de 2008 al 25 de septiembre de 2018,
Los jueces son Yolanda Portillo (presidenta), Yolanda Morel y Jesús Riera.
El juicio culminaría recién en la segunda semana de agosto. El próximo jueves alegará la defensa. Pero es seguro que tanto fiscalía como el los abogados de OGD y su hijo hagan uso de la réplica y la dúplica. Hasta los acusados tienen la posibilidad de hablar antes de que el Tribunal se retire a deliberar. En caso de una condena, los jueces también deberán resolver si mantienen las medidas sustitutivas a la prisión u ordenan que los procesados vayan a la cárcel.