Cargando...
Incidentes de falta de acción, de falta de existencia de hecho punible y de inclusión de prueba son los que fueron planteados por la defensa de García, a cargo del abogado Álvaro Arias, durante la audiencia que se sustanció en horas de la mañana.
Asimismo, el acusado requirió las suspensión condicional del procedimiento y procedimiento abreviado para no ir a juicio oral.
Específicamente, la defensa pidió cumplir reglas de conducta durante dos años, y reparar el daño social con una donación de poco más de G. 30 millones a ser efectuada durante ese mismo periodo.
La defensa argumentó que ya la municipalidad suscribió nuevo contrato con Ivesur y que esta firma que trabaja en la inspección vehicular desistió de su demanda.
La defensa destacó que García no ha sido acusado por lesión de confianza sino por uso de documento no auténtico.
El fiscal Guerrero se opuso a la suspensión condicional del procedimiento porque considera que la reprochabilidad de la conducta del mismo es elevada.
En cuanto a la propuesta de procedimiento abreviado con la suspensión a prueba de la condena, también se opuso por considerar que en este caso existe ya una persona condenada con más de dos años de sanción, por lo que no correspondería la aplicación ni de la suspensión ni del procedimiento abreviado.
Con relación a los demás incidentes, el fiscal Guerrero destacó que se trata de cuestiones debatidas y rechazadas en una etapa anterior, por lo que no corresponde volver a discutir la cuestión señalada por la defensa, razón por la cual pidió su rechazo.
Según la acusación fiscal, el 6 de octubre del año 2016 el entonces asesor jurídico del municipio de Asunción, el abogado José Enrique García (hoy acusado), falsificó un escrito para hacer creer que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral por el que se ordenó a la Comuna capitalina a pagar a la compañía Ivesur SA un total de G. 18.975.014.366.
A Ivesur representaron los abogados Juan Ernesto Villamayor, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, y Sergio Coscia, exprocurador general.
Los antecedentes
La empresa Ivesur ganó a la comuna una demanda de indemnización por daños, por no exigir la inspección técnica vehicular (ITV) a los rodados que entraban a la capital.
La empresa ITV SA (Ivesur) renunció dos años después a cobrar la deuda de US$ 3,5 millones, que ganó a la Municipalidad de Asunción, a cambio de firmar un contrato por 10 años para seguir explotando la inspección técnica vehicular en la capital.