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En medio de cuestionamientos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió el pasado 16 de julio las ofertas de los interesados en esta licitación y se presentaron el Consorcio Binacional PY – BRA, compuesto por las empresas Tecnoedil Constructora SA y Cidade LTDA y Paulitec Construções (representado por Rolando Ríos Tómboly), con una oferta de G. 616.836 millones; y el Consorcio Puente Bioceánico, integrado por las firmas Ocho A SA y la Constructora Queiroz Galvão SA (Luis Pettengil), que cotizó en G. 637.862 millones.
Llama la atención que solo las empresas locales Ocho A y Tecnoedil pudieron aliarse con empresas brasileñas para presentar sus ofertas en este llamado, como exigía el pliego, en un plazo de solo 16 días que otorgó el MOPC. Pero más llamativo aún es que estas constructoras son socias de la empresa Tape Porã, que tiene la concesión de una parte de la ruta PY02 hasta el 2053 (desde el Km 183 en Caaguazú hasta el Km 323 en Ciudad del Este), según documentos a los que accedió este diario.
Fuentes del sector de la construcción manifestaron a ABC que este llamado estaría fraguado, ya que existiría una “falsa competencia” entre estos socios de Tapé Porã. ¿Por qué no dieron más plazo para que más empresas se presenten o hubo direccionamiento? es la pregunta que se hacen varias constructoras actualmente.
Vale señalar que el artículo 40 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas establece las prohibiciones y limitaciones para presentar las ofertas en una licitación. Una de ellas es el punto g, donde se prohíbe la competencia entre socios y establece: No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación “los participantes que presenten más de una oferta sobre una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, presentada a nombre propio o de tercero y que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común”.
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DNCP no puede responder si hubo violación de la ley
Se consultó al titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, si este artículo de la normativa vigente rige para los dos oferentes de esta licitación y señaló que se requiere de un mejor análisis y no supo responder si hubo o no violación de la ley en este caso. Solo se limitó a decir: “Debemos analizar si se aplica al caso. No se aplica, por ejemplo, en situaciones en las cuales los competidores hayan participado de un consorcio. Pero tenemos que analizar mejor la situación por ser una concesión”, expresó.
Justamente, luego de una lluvia de protestas, Contrataciones inició una investigación a este proceso del puente “bioceánico” y recomendó la postergación de la fecha de apertura de ofertas. Sin embargo, Obras Públicas ignoró este pedido y recibió solo dos propuestas, por lo que aumentaron las sospechas de direccionamiento. La DNCP sigue investigando las denuncias y el proceso se podría anular si se confirman las anomalías.
En este caso se critica principalmente la “prisa” del MOPC en esta licitación, porque incluso recibió las ofertas días después de inflar el presupuesto de la obra y sin tener aún la autorización de Itaipú (que financia el proyecto). En este caso, el precio de referencia del llamado se infló de G. 540.160 millones (US$ 80,5 millones al cambio actual) a G. 671.497 millones (US$ 99,5 millones), sin el visto bueno de la binacional. Este incremento del 25% representa G. 131.337 millones (US$ 19,5 millones).
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“A cara de perro”
Paul Sarubbi, gerente de Tecnoedil, señaló que siempre hay competencia entre los socios de Tape Porã y que “sí se puede hacer”. “Yo tengo consorcios con muchas empresas y nos matamos en los otros llamados en los que participamos, a cara de perro. Se dieron 4 meses (en la licitación del puente bioceánico), con un mes de suspensión en el medio. Es tiempo más que suficiente (para ofertar)”, expresó.
Cuando se le consultó si al ser socia de su competidora en Tape Porã podrían fraguar una inexistente competencia en la licitación en cuestión y expresó: “Ante esta pregunta directa debo decir que absolutamente no, nosotros no tenemos en qué podemos fraguar nada, entramos a competir y ganamos la licitación. No hay nada que hacer. Cómo vamos a saber si solo se presentarán dos empresas (sic)”.
Siguió: “También nos reunimos en los gremios, para trabajar en los problemas transversales que tenemos, y al día siguiente nos matamos en las licitaciones. Y protestamos si creemos que está mal algo. Hay que confiar en las instituciones”.
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Cuando se le insistió que en el caso del llamado del puente bioceánico incluso hubo una adenda que cambió el presupuesto de la obra, a solo días de la apertura de ofertas, sin dar más plazos para ajustes a los interesados y resaltó que no se requiere de mucho tiempo hacer los cálculos, principalmente del incremento del acero.
Respecto a las críticas y las innumerables protestas en la DNCP, señaló: “Hay gente mala que no quiere que salga esta obra tan importante, yo sé eso. Y también sé que estamos con un consorcio con muchísima capacidad para hacer el mejor trabajo que se pueda”.
ABC también contactó con el dueño de Ocho A, Luis Pettengill, y señaló: “La verdad es que no somos socios, entre nosotros. Somos accionistas en un proyecto de concesión, en este caso Ocho A solo 10% y Tecnoedil 20%. No tenemos ningún impedimento legal”.
En el MOPC, tanto el titular de la institución, Arnoldo Wiens, como el ingeniero Fabio Riveros, responsable de esta licitación, no responden las consultas de este diario sobre este tema. El director de Comunicaciones de la institución, el abogado Víctor Recalde, alegó que sigue esperando respuestas de los funcionarios responsables de este plan para contestar las dudas.