La Secretaría de Estado de Tributación y la Secretaría Anticorrupción denunciaron el pasado 8 de julio innumerables irregularidades halladas en la rendición de cuentas de la Gobernación de Central, presidida por Hugo Javier González (ANR cartista). Aparecen facturas falsificadas en la justificación del gasto de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de diciembre de 2020) entregados a través de los fondos de emergencia por covid-19, por el Poder Ejecutivo a la institución departamental para la reactivación económica en Central.

Además, la administración de Hugo Javier en un intento de “blanquear” su rendición de cuentas, reemplazó las facturas clonadas que están en la Contraloría General de la República, antes de presentarlas a la Subsecretaría de Estado de Tributación, a la Secretaría Nacional de Anticorrupción y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

El gobernador Hugo Javier transfirió a una ONG de dudoso origen llamada Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidida por Tadeo Álvarez la suma de G. 5.105 millones y al Consejo Regional de Salud presidida por Hugo Cabrera la suma de G. 1.276 millones.

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A pesar de todo esto, el diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez, osó decir que se trata de una simple “persecución política”. Aseguró que a él “no le consta” que haya irregularidades en la Gobernación de Central y reiteró su apoyo a su correligionario de partido y de movimiento político dentro de la ANR, al gobernador de Central.

“Yo no puedo crucificarle a ninguno, sea gobernador o intendente, por informaciones que no están corroboradas. Vamos a ver qué dice la Fiscalía”, sostuvo en conversación con medios de prensa. Recordemos que la Fiscalía a casi un mes de la denuncia, recién el lunes allanó la sede de la Gobernación y el pasado viernes la fundación CIAP y dos estudios contables.

Núñez habló también de una “justicia selectiva” en la cual los opositores no son investigados como corresponde.

Ante esta situación, el concejal departamental Roque Ávalos (PLRA), uno de los denunciantes de las facturas clonadas y otras irregularidades, dijo que el diputado Bachi es un “engendro del cartismo” además de vivir “en un termo”.

“Para mí este señor vive en un termo, porque en toda la República se habla de este tema, que la administración de Hugo Javier es corrupta. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y también la Secretaría de Anticorrupción (Senac), incluso hicieron una denuncia penal con respecto a esto. Es una semejante estupidez y más todavía cuando sale de la boca de un diputado. Siempre he dicho que la fiscalía es cómplice con todo lo que está ocurriendo y es selectiva, cierto es que es selectiva, yo lo veo así y en esa parte sí estoy de acuerdo con Bachi, es selectiva pero a favor del gobernador del departamento Central”, dijo el edil Roque Ávalos para ABC Tv.

El concejal también indicó que los colorados tanto cartistas como abdistas se abroquelaron para proteger y defender al gobernador Hugo Javier.

“Pero esto no significa que vamos a callarnos, porque a ellos se les antoja ¿nosotros tenemos que callarnos? Que se callen los débiles, los inútiles que se callen. Nosotros no lo vamos a hacer”, expresó Ávalos.

Días atrás, el concejal departamental dijo que la Fiscalía y la Contraloría General de la República son cómplices del gobernador y cuestionó la casi nula actuación del Ministerio Público ante la grave situación que incluso fue denunciada penalmente.

“Vergüenza. Es una vergüenza. La Contraloría y más todavía la Fiscalía, que en estos momentos, o en el mismo momento en que la SET hizo la denuncia penal, tendría que haber allanado por lo menos la (Dirección de) Administración y Finanzas de la administración de Hugo Javier y también CIAP. Parece que hay que enseñarles a estos fiscales lo que hay que hacer”, manifestó.

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Retiraron el dinero en efectivo

Según lo estipulado en el anexo “A” del Decreto Nº 3264/2020 de la Ley Nº 6469/2020 que aprueba “El presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020”, la organizaciones sin fines de lucro como la ONG CIAP y el Consejo Regional de Salud, deben tener habilitada en un banco de plaza una cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro “a través de la cual operarán exclusivamente con las transferencias recibidas de los OEE (Organismos y Entidades del Estado)”, dice la normativa en el artículo 5 del decreto Nº 4.780.

Pero, todo el dinero transferido por la Gobernación de Central fue retirado en efectivo en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Por ejemplo, Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, funcionario del Ministerio de Salud Pública comisionado a la Gobernación donde funge como director de la Secretaría de Salud y tesorero del Consejo Regional de Salud, efectivizó el 18 de febrero de 2021 el cheque de G. 1.276.400.000. Él mismo confirmó el hecho ante la Senac y dijo que es costumbre retirar en efectivo todas las transferencias para luego guardarlas en una caja fuerte instalada en la sede de la Gobernación y a la cual, supuestamente, solo él tiene acceso.

A ese hecho se suma que Nicolás Eduardo Emmanuel Álvarez Doria, síndico de la fundación CIAP, cobró el 10 de febrero de 2021 el cheque de G. 2.297.520.000. El mismo es el sobrino de Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la ONG.

Paulino de los Santos Palacios Recalde es tesorero de CIAP y fue quien el 12 de febrero cobró tres cheques de la fundación por un total de G. 2.808.080.000.