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La normativa aprobada tiene por objeto, según dispone en su artículo 1°, establecer un marco para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género, con el propósito de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos, libres de todas las formas de discriminación y violencia.
En principio, el senador Víctor Ríos (PLRA), presidente de la comisión de Legislación, propuso postergar el estudio del proyecto, señalando que se debían revisar algunos artículos que disponen sanciones penales, para evitar que colisionen con disposiciones del Código Penal.
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También mencionó que el proyecto de ley otorga algunas atribuciones al Tribunal Superior de Justicia Electoral que debían ser revisadas en cuanto a su constitucionalidad.
Las senadoras Lilian Samaniego (ANR-Indep.) y Esperanza Martínez (Frente Guasu) plantearon que se apruebe en general, dada la gran expectativa que había en las organizaciones de mujeres sobre este proyecto y dejar el estudio en particular para dentro de dos semanas.
La violencia política contra las mujeres cobró actualidad recientemente por las expresiones del diputado Roberto González, quien en plena sesión trató de “putita con escapulario” a su colega del PLRA Celeste Amarilla. El legislador fue cuestionado por diversos sectores, inclusive de su grupo político, y se vio obligado a pedir disculpas, aunque con inocultable falta de convicción.
La normativa fue presentada con la firma de la mayoría de las senadoras que integran el cuerpo legislativo, a excepción de Giorgia Arrúa (Patria Querida), quien dijo que no tuvo tiempo para estudiar el proyecto.
El proyecto otorga también al Ministerio de la Mujer varias atribuciones, entre ellas la de impulsar las políticas públicas para prevenir este tipo de violencia y diseñar un protocolo de intervención para todas las instituciones. Asimismo, da atribuciones al TSJE para implementar campañas y mecanismos de monitoreo para evitar la violencia política hacia las mujeres, así como la de ordenar la suspensión inmediata de propaganda política en la que se identifiquen manifestaciones de violencia contras ellas.