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Cardozo conversó este martes sobre el secuestro de Olmedo en la estancia Pindoty de Tacuatí, en San Pedro, hecho que sucedió ayer, lunes, alrededor de las 17:00 en un camino vecinal adyacente al establecimiento propiedad de Alfredo Maximiliano Cabezas, ciudadano argentino.
El jefe policial dijo que el hecho se trata como “desaparición” de persona y no como secuestro porque la familia no hizo todavía denuncia alguna.
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“Lastimosamente, no podemos tener acercamiento con la familia. Ayer, personal de Antisecuestro destacado en San Pedro fue hasta el lugar, encontramos una motocicleta abandonada, que posiblemente pertenecía al hermano del administrador de la estancia, quien está desaparecido hasta ahora. No podemos confirmar (el secuestro) porque no tenemos aún denuncia oficial, pero eso no quiere decir que no nos estamos abocando a la situación”, dijo Cardozo este martes.
El uniformado explicó que la familia de Olmedo está “muy cerrada” y “muy shockeada”. “Aún no pudimos hablar con la familia, pero sí con sus amigos y estamos tratando de ganar confianza para poder ayudarlos”, agregó.
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Anoche, el fiscal antisecuestro Arnaldo Andrés Argüello sostuvo en conversación con medios de prensa que el hecho no habría sido perpetrado por algún grupo criminal armado como el EPP o la ACA, sino por delincuentes comunes. Sin embargo, Cardozo explicó que, pese a que “históricamente es un sitio en donde se luchó bastante (contra estos grupos criminales)”, desde hace unos 6 años no se dan siquiera avistamientos de estos criminales en la zona, pero tampoco descartó que se trate de un secuestro perpetrado por ellos.
“No queremos aventurarnos y ser irresponsables y decir que se podrían tratar de grupos armados organizados o de delincuentes comunes; lo que sí podemos decir es que vamos a dar lo mejor de nosotros para aclarar el caso y que los responsables respondan a la justicia”, finalizó.
El fiscal del caso, por su parte, dio a entender anoche que la familia está negociando el rescate por su cuenta y que por eso no permiten la intervención de las autoridades. Además, contó que el monto exigido por los criminales es de más de G. 200 millones.