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Según el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación, próximamente irán surgiendo muchas novedades “llamativas” en torno a las investigaciones que se están llevando a cabo por irregularidades cometidas en la Gobernación de Central a través de organizaciones no gubernamentales.
Indicó que lo más llamativo que encontró la SET con el último allanamiento en la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) es que en la misma sede funcionaba un estudio contable. Indicó que la Fiscalía deberá corroborar todo al respecto y que su institución está dispuesta a colaborar con todo lo necesario.
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Así también, Orué hizo énfasis en que antes de hacer la primera denuncia ya se realizó una importante investigación y se informó de “todas las irregularidades”. Indicó que no puede mencionarlas por una cuestión de prudencia en torno al trabajo de Fiscalía.
“Hay mucha información y se pudo constatar. Nosotros hicimos toda una investigación antes de hacer la denuncia. Corroboramos, hicimos entrevistas, verificamos documentos y una vez que tuvimos todo armado hicimos la denuncia”, enfatizó.
“Creo que habrá muchas sorpresas. No puedo informar por una cuestión de prudencia en la investigación, pero es sorprendente lo que uno encuentra, lo que encontramos con el equipo cuando empezamos a investigar”, agregó en contacto con ABC.
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Recalcó que las pruebas son “contundentes” y muy “llamativas”, por lo cual el caso tendrá que seguir avanzando. “Ya tengo una posición muy personal y una idea formada en base a pruebas. No puedo mencionarlo porque la Fiscalía sigue en investigación. Cuando concluyan creo que van a sorprenderse con lo que encuentren”, subrayó.
Finalmente, indicó que los legisladores deberán analizar la situación de organizaciones sin fines de lucro que ejecutan fondos públicos y ver cómo hacer controles más exhaustivos. “Porque se saltan procesos de contrataciones públicas con el afán de hacer rápido (las obras o compras). Cómo sociedad tenemos que analizar si funciona o no. Creo que no, por estos casos que saltan”, sentenció.
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Cabe recordar que la administración del gobernador Hugo Javier González (ANR) transfirió G. 5.105 millones al CIAP, presidido por Tadeo Andrés Álvarez, y G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud.
Sin embargo, en la rendición de cuentas de ambas instituciones fueron usadas facturas aparentemente falsas, al igual que el caso de la ONG Green, cuyo nombre fue el primero en mencionarse para solicitar una intervención a la administración de Hugo Javier.
La Secretaría Nacional Anticorrupción y la SET presentaron el pasado 8 de julio una denuncia ante el Ministerio Público por las irregularidades en la Gobernación. Sin embargo, recién dos semanas después la Fiscalía realizó la primera intervención.
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