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Ninfa Concepción Vera Peralta, electa intendenta interina, y los concejales Gabriel Cáceres Melgarejo, Milciades González Brítez, Marilete Balestro de Melo, Juan José Morel Maradiaga y Eusebio Rojas, presentaron el urgimiento exigiendo el tratamiento de forma urgente el recurso planteado hace más de cinco meses atrás. Firmaron solidariamente el pedido también los ediles Emerson Delgado y Emigdio Ayala.
“Venimos a urgir al tribunal superior electoral el avocamiento solicitado en fecha 25 de febrero de 2021, conforme a la contraseña de mesa de entrada número 1742”, a los efectos de que la máxima instancia electoral en uso de sus atribuciones estudie y se expida referente al fondo de la cuestión, de la controversia planteada en el juicio caratulado “Junta Municipal del distrito de Corpus Christi contra los señores José de Jesús Martínez Peralta y Emerson Delgado sobre nulidad de las resoluciones N° 1/2016 y N° 2 de 2016 y solicitud de medida cautelar”, reza el escrito.
Alegre denuncia “mafia” política en Corpus Christi
Recordemos que en 2016, seis concejales titulares fueron destituidos y reemplazados por ediles suplentes conformándose una junta municipal considerada “mau” o paralela, funcional al ex intendente Carlos Vicente Riveros (ANR), quien renunció al cargo para volver a pugnar por el “rekutu”. Con esa misma Junta, Riveros, para su reemplazante impuso al concejal José Martínez (ANR) como intendente interino, dejando de lado a Ninfa Vera que fue electa por 8 concejales titulares.
Riveros legitimó a la Junta paralela durante los últimos 4 años, a pesar de que un tribunal electoral de Ciudad del Este a través de una resolución del 6 de abril del año 2016, repuso a los seis ediles destituidos y ordenó no innovar, por medio de una medida cautelar.
El concejal Juan José Morel Maradiaga, uno de los afectados, dijo que se aguarda la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para también presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exintendente Carlos Vicente Riveros y sus concejales aliados por varios supuestos delitos como usurpación de funciones, cobro indebido, producción de documentos públicos de contenido falso, estafa y asociación criminal.
El caso se movió tras la presencia en Corpus del presidente del PLRA, Efraín Alegre, quien denunció públicamente la complicidad del TSJE con una mafia política que impera en dicha ciudad del departamento de Canindeyú, fronteriza con el Brasil, donde el intendente saliente se maneja como un dictador supremo en la comunidad, con poder de sacar de su camino incluso a concejales que fueron electos por la voluntad popular.