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Para el especialista del sector eléctrico, Ing. Javier Villate, si un primer objetivo fuese ejercer derechos sobre nuestra fracción del 50% en Itaipú, es decir la libre disponibilidad para subastar el excedente a precios de mercado en Paraguay, a cualquier comercializador de Brasil o un tercer país, “la solución está en nuestro Congreso y no en el reciente informe de la CGR ni en el tratado”. Añade que simplemente bastaría con una ley eléctrica y otra de comercialización de la electricidad de las binacionales.
En tanto que “si un segundo objetivo fuese recuperar los beneficios desaprovechados por ceder electricidad por chauchas y palitos en lugar de haberlo vendido, para eso no sirve de nada el informe de la CGR”. En ese sentido, indica que lamentablemente fue una mala interpretación paraguaya del tratado sobre la supuesta cesión obligatoria, que no existe.
Asimismo, si un tercer objetivo fuese recuperar parte del daño patrimonial ocasionado por las deudas espurias, pide que se recuerde que fueron nuestros representantes quienes acordaron los términos y decidieron “hacernos perder por goleada en San Pablo”. “¿En qué instancia se puede alegar que compraron a nuestros jugadores o plantear ignorancia de la ley o que fuimos presa de un descarado entreguismo? Todo ese saqueo fue convalidado por autoridades paraguayas legítimas de aquel momento”, reconoce.
Además, Villate resalta que la estructura de la deuda, ya casi pagada en su totalidad, contenía al menos tres agregados espurios, todos ellos violatorios del tratado. “El primer componente originado por el factor de ajuste sobre el interés de la deuda; el segundo, originado por la capitalización de intereses durante el período de gracia, que totalizan más de US$ 9.000 millones, adicionales a los US$ 4.193 millones de deuda vencida por insuficiencia tarifaria”, detalla.