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- El proceso del cannabis en Uruguay no habrá tenido un inicio fácil...
- En realidad es cómo si todavía estuviéramos viviendo el comienzo porque la legislación en torno al cannabis no se terminó de desplegar. Hay muchos aspectos que aún quedan por resolver, por ejemplo: en este momento queda una sola empresa que está cultivando marihuana para el Estado. El monopolio lo tiene el Estado, que vende cannabis a través de una veintena de farmacias en todo el país. Hay muy pocos locales de distribución y la oferta disponible no tiene equivalencia con la demanda.
- ¿El cambio de gobierno afectó al cannabis?
- En este momento la regulación está amenazada. En Uruguay cambió el gobierno y la ley es discrecional. Ahora hay toda una discusión que tiene que ver con los registros y el acceso de la Policía. Se tiene el caso de los clubes de cannabis, que son alrededor de 150 en todo el país. Ninguno se vio envuelto en nada ilegal, sin embargo, existe presión del sector conservador de la sociedad para ver a la fuerza pública regulando aspectos relacionados al cannabis. Esto genera preocupación en una comunidad de ciudadanos que se registró ante el Estado. Uruguay creó una institucionalidad y es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis el responsable de las verificaciones. La Policía quiere centralizar todo en sus manos, incluyendo el control de productos que son absolutamente legales. Los cultivadores están controlados, pero siempre tenemos la tentación de creer que la Policía nos va a salvar de los problemas.
- ¿Cuál es el promedio de producción de cannabis?
- En el año 2020 el sistema legal estaba produciendo unas cuatro toneladas y media, entre producción para farmacias, clubes de cannabis y los autocultivadores. Esto muestra que la política de legalización y diálogo es mucho más efectiva que la Policía. Se logró desplazar en gran medida el comercio ilegal de cannabis. Es una experiencia que tiene mucho de bueno. La legalización no significo que los niños salieran corriendo del colegio para formar fila y comprar marihuana. No se tienen problemas de salud pública. No subió el consumo. La marihuana que se consume en Uruguay tiene muy buenos estándares de calidad. Esto beneficia a la salud del usuario, usuario que no tiene que recorrer lugares siniestros para buscar marihuana.
- ¿Qué paso con la marihuana paraguaya?
- Las redes de tráfico están muy bien instaladas en nuestros países. En Uruguay, la mafia paraguaya y la mafia brasileña tienen 50 años operando. Siguen llevando sus cargamentos y esto no paró con la regulación. El cambio importante que sí se vio es que el prensado paraguayo, que antes ingresaba en todos los estratos sociales, desde los más ricos hasta los más pobres, ahora se fuma en los sectores periféricos. Esto sucede porque las redes siguen vigentes. Hay que combatirlas, sin duda.
- De todos modos, Uruguay es un espejo para muchos países.
- Paraguay tiene absolutamente todo lo podría necesitar para liderar el proceso a nivel regional. El problema es que Paraguay no tiene voluntad política para hacerlo. Lo único que tiene que hacer el país es permitir que se trabaje y facilitar créditos para el mejoramiento genético del cannabis. El tema es que Paraguay tiene una política muy enfocada al desarrollo rural basado en el modelo agroexportador, los grandes productores. El Paraguay tiene muchas posibilidades siempre y cuando exista voluntad política así como apoyo al sector campesino que hoy en día no tiene otra manera de sobrevivir. Estamos hablando de miles de familias campesinas paraguayas que están muy lejos de ser delincuentes. Creo que se debe tomar la decisión política de ayudar al sector campesino que hoy vive en condiciones de marginalidad. Incorporar a estas familias a la legalidad es el mayor desafío de Paraguay.
- Ser el mayor productor de marihuana de Sudamérica es resultado de corrupción y la narcopolítica.
- Eso es seguro que sí. El poder político y el poder de la fuerza pública están delimitando mucho qué es lo que se puede hacer y aquello que no. Por ejemplo, el rol que está teniendo en este momento la Senad, con la regulación del cultivo inclusive de cáñamo. Se tiene la impresión de que quiere estar por encima de todo. Y en realidad esto habla mal de la política pública paraguaya porque la Senad fue creada con otros objetivos. Basta con leer la ley para saber que la Senad no tiene como función la fiscalización de una política pública en torno al cáñamo o el cannabis. La tarea de Senad es controlar los desvíos ilícitos, no los cultivos legales.
- La economía de Paraguay también está permeada por el narcotráfico.
- Paraguay tiene un movimiento económico ilegal muy fuerte. Todas las financieras que se abrieron en los últimos 15 años a lo largo de la ruta 3, en Paraguay, siguen en cierto modo la línea de cultivos de marihuana. Paraguay no puede seguir dilatando decisiones políticas que están estrechamente relacionadas con las condiciones de vida de miles de familias campesinas que cultivan cannabis.
- ¿Cuál es tu impresión sobre Paraguay?
- Estuve muchas veces en Paraguay. La primera vez, hace unos cinco años en Kamba rembé, en el departamento de San Pedro. Me encontré con los campesinos. Gente muy humilde, trabajadora, con un corazón muy noble. Jóvenes con ganas de estudiar, de avanzar, quedarse en sus tierras. Encontré una preocupación muy humana por el bienestar de sus familias. Los viajes a Paraguay me ayudaron a cambiar la mirada sobre lo que implica el prensado paraguayo. Yo no olvido Kamba rembé. Llegue con toda mi ingenuidad, con mi kara’i a cuestas y ellos con un ñembotavy total, con desconfianza hacia un periodista que venía de otro lado. Ellos sólo querían vender su producción y no pagar coimas a la policía.
- La marihuana ilegal es un negocio gigantesco.
- Los grupos empresariales que dirigen este negocio tienen su base en Paraguay, pero una parte sustancial se encuentra en Brasil. Es una red transnacional, hábil con el contrabando, redes históricas para traficar marihuana entre nuestros países, con mucha fuerza. Es un tráfico muy exitoso. Hay dos Paraguay: uno, agroexportador y otro, donde el campesino vive abandonado.
- Tenemos una ley de cannabis medicinal.
- Si Paraguay tiene una ley de cannabis medicinal y hay miles de familias que necesitan éste medicamento, no puede ser que siga existiendo personas criminalizadas por preparar aceites medicinales, como es el caso de Juan Cabezudo.
Esto refleja una política pública que no está enfocada en la gente.