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“Este es un proyecto de ley, hasta que el Ejecutivo lo promulgue, donde se violan los preceptos constitucionales de libertad. La pirámide de (Hans) Kelsen establece primero la Constitución, luego las leyes y por último los decretos y resoluciones. Yo tengo garantizado en la Constitución Nacional mi derecho al paro, pero este proyecto de ley dice que yo voy a ser sancionado penalmente. Ninguna ley puede privarme de mi derecho constitucional”, expresó.
Resaltó que estos “derechos” están garantizados en el artículo 98 de la Constitución Nacional y el artículo 379 del Código Laboral. Sin embargo, se olvidó de mencionar que este mismo artículo de la Carta Magna establece que “la ley regulará el ejercicio de estos derechos, de tal manera que no afecten servicios públicos imprescindibles para la comunidad”. Abogados consultados explicaron que el transporte público es “imprescindible” para la ciudadanía.
Ruíz Díaz también enfatizó que la raíz del problema “está en la incapacidad del Gobierno en el manejo del transporte público de pasajeros”. “Las autoridades informan que el transportista tendrá más subsidios, (pero) el transportista nunca pidió subsidio, es una decisión política. Lo hacen para ocultar su ineficiencia en diversos aspectos, enfocando la dirección de la información hacia el subsidio”, expresó.
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“Empresas están en venta”
El empresario nuevamente aseveró que varias empresas van a quebrar y que ya ninguna compañía se presentará en las licitaciones de los itinerarios, porque el empresario que invierte hoy tiene el riesgo penal, según la normativa aprobada por los legisladores. “Yo no creo que haya locos”, expresó al respecto e invitó a los senadores y diputados para que administren estas empresas.
“Hay diputados y senadores que dijeron que nos hemos vuelto todos ricos o multimillonarios. Les invitamos a que vengan y se hagan cargo de las empresas, porque la totalidad, sin excepciones, están a la venta y que vengan y se hagan ricos y millonarios. Hay demasiados valientes con el micrófono en la mano”, indicó.
Cuándo se le insistió por qué afirma que las empresas están en venta y señaló: “Las empresas siempre estuvieron en venta. Nosotros, como Cetrapam, por escrito hemos puesto a disposición del ministro de Obras Públicas las empresas del transporte público. Esto no es nuevo, ya habíamos anunciado que el 50% de las empresas iban a quebrar y hoy se está cumpliendo. Hay empresarios que se quedaron sin casa, sin talleres, sin ómnibus ni terminales, lo digo con conocimiento de causa”, añadió.
Al mismo tiempo, Ruíz Díaz se preguntó qué pasará con el transporte público cuando los empresarios ya no estén en condiciones de prestar el servicio. “¿Quiénes prestarán el servicio? Van a salir los senadores y diputados a llevar a la gente en sus camionetas o harán las inversiones para tener los vehículos para transportar a 500.000 personas. Sueñan ellos de que algún empresario va a invertir cuando ellos, como hombres que escriben las leyes, dicen que hay riesgo penal si cumple su derecho constitucional de ir al paro”, mencionó.
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“Podríamos poner también un psiquiátrico”
Respecto a las declaraciones de la diputada Celeste Amarilla, que instó a los empresarios a que cierren sus puertas y que abran una peluquería si no ganan plata, respondió: “Podríamos poner también un psiquiátrico para atender gratis a la diputada. No porque sea diputada va a venir a agredir gratuitamente”, indicó.
Si el Ejecutivo promulga el proyecto de ley sancionado, en el caso de que “los propietarios, accionistas o representantes legales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a los órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como delito y sancionado con seis meses a cinco años de pena privativa de libertad o multa. La denuncia podrá ser presentada ante el Ministerio Público por cualquier ciudadano que tenga conocimiento del hecho.
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Además, establece que la empresa que deje de prestar sus servicios en forma regular y no lo regularice en un periodo de 24 horas, será cancelada y perderá su licencia, y su itinerario volverá a ser licitado. Las que realicen o amenacen con reguladas en épocas de pandemia o emergencia declarada en el área donde presta servicios, además de cancelarse su licencia y su itinerario, tendrá prohibido solicitar nueva licencia e itinerario por un plazo de 10 años.
El proyectista de la normativa, el senador Enrique Salyn Buzarquis, manifestó que el transporte público es un tema muy sensible, por lo que requiere de mayor control y que la aplicación de la normativa debe establecerse en el decreto reglamentario.
“Esto debe reglamentarse si se promulga, hay varias figuras legales que se pueden usar para aplicar las sanciones. Lo bueno es que se tenga una ley para que quede claro el tema”, indicó. Actualmente, el Viceministerio de Transporte “sanciona” a las empresas a través de resoluciones.