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AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) presentaron el 8 de julio último una denuncia ante el Ministerio Público por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal. Fue luego de desatarse el escándalo sobre el uso de facturas clonadas para rendir G. 6.382 millones (U$S 1.000.000 al cambio de finales del año pasado) del fondo de emergencia por covid-19 transferidos a la Gobernación de Central, a cargo del cartista Hugo Javier González.
El jefe departamental volvió a transferir G. 5.105 millones de ese monto al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG presidida por Tadeo Andrés Álvarez, mientras que al Consejo Regional de Salud entregó G. 1.276 millones. Sin embargo, en la rendición de cuentas de ambas instituciones fueron usadas facturas aparentemente falsas y de empresas de maletín.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera fueron designados el 9 de julio último para investigar el caso. Pero hasta ayer no habían movido un dedo para esclarecer los hechos.
“Es una vergüenza la actuación de la fiscalía”, señaló el concejal liberal Roque Ávalos a ABC. El edil departamental dijo que el Ministerio Público tuvo que haber intervenido en el momento que la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizaron la denuncia.
“Hubieran allanado por lo menos la (Dirección de) Administración y Finanzas de la Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier como también CIAP, Plantemos Conciencia y otras ONG. Eso es lo mínimo, lo mínimo que se debe hacer. Parece que hay que enseñarles a estos fiscales lo que deben hacer”, afirmó.
Ávalos junto a su colega liberal Adrián Vaesken expresaron que pese a las innumerables anomalías y las contundentes pruebas no avanzan las pesquisas tanto desde la Contraloría General de la República (CGR) como del Ministerio Público. El ente contralor y la fiscalía son cómplices del gobernador González, afirmaron.
“Nosotros no somos estúpidos. La ciudadanía no es estúpida. Y evidentemente la fiscalía es cómplice de lo que está pasando. La situación es bastante grave porque el Ministerio Público está haciendo oídos sordos a una denuncia de los organismos de control creados por ley como la SET y la Senac”, expresaron los concejales.
Agregaron que obviamente existe un contrapeso político muy fuerte que dificulta o impide que la fiscalía haga de oficio su trabajo.
Una coartada
Vaesken señaló que la auditoría interna anunciada hace unos días por el cartista gobernador Hugo Javier González es una coartada de la que la fiscalía y la CGR se rehusan a darse cuenta. “Desde nuestro punto de vista, notamos que prácticamente la fiscalía sigue la coartada. El gobernador ordena una auditoría interna que no tiene valor jurídico, porque no irá en contra del contratante. Seguramente la culpa va a recaer en algún funcionario de rango menor, algún inocente, que va a tener que pagar los platos rotos”, añadió.
Cuñado de quien es mano derecha
Francisco Cabrera, uno de los fiscales designados para investigar las supuestas ilicitudes en la gestión del cartista Hugo Javier González, es cuñado del hombre que es mano derecha del expresidente de la República Horacio Cartes: Martín Admen Gertopan, CEO de HC Innovations. El jefe departamental es apadrinado por HC.
Al respecto, Cabrera dijo que no había problema; sin embargo, la realidad parece otra.