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El grupo estaba integrado en total por siete activistas de derechos humanos, específicamente cinco argentinos, un colombiano y una compatriota. La comitiva ya había despertado controversia luego de que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) haya intercedido para que los mismos no sean molestados por las fuerzas de orden de nuestro país.
“Fueron demorados y puestos a cargo de Migraciones. Ellos tendrían que haber avisado el día y la hora para que los podamos acompañar, porque como dije es un lugar de alta peligrosidad”, indicó el Tte. Cnel. Luis Apesteguía, vocero de Comando de Defensa Interna (CODI). Los mismos fueron retenidos en un control militar camino al cerro Guasú, sitio que se considera base central del grupo criminal.
“Cualquier cosa que les pase a ellos, no iba a ser solo responsabilidad de la FTC, sino seguramente le iban a responsabilizar al gobierno nacional”, sostuvo Apesteguía sobre el motivo por el cual no podían permitir el ingreso sin resguardo a la zona.
María de los Ángeles Arriola, titular de la Dirección General de Migraciones, comentó a ABC Cardinal que la expulsión de los activistas será “inmediata”, posiblemente el sábado, luego de la realización de los trámites correspondientes.
Arriola afirmó que el pasado martes tuvo una reunión con los activistas para coordinar su visita a la zona de conflicto, acordando que darían aviso a las autoridades antes de ir, algo que finalmente no cumplieron.
“En la reunión yo les expliqué a qué se exponían en caso de incumplir”, dijo Arriola, señalando que la falta en la que incurrieron los extranjeros es un “atentado contra la soberanía” de Paraguay.
“Es una zona en conflicto, sobre todo por la seguridad de ellos se les advirtió”, agregó.