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Este viernes, en horas de la tarde, fiscales del Ministerio Público y funcionarios del Ministerio de Hacienda allanaron la sede del Centro Integral de Apoyo Profesional (Ciap), una organización no gubernamental que es investigada por una causa de supuesta lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Jorge Arce y Santiago Cabrera encabezaron el procedimiento. “Estamos incautando varios documentos relacionados a las actividades de la fundación, también se allanaron lugares de supuestos contadores, porque tenemos la presunción de que habrían personas involucradas en la producción de facturas no auténticas”, indicó el fiscal Estigarribia.
Estigarribia justificó el hecho de que recién hayan intervenido los locales casi dos meses después de las primeras denuncias, alegando que “el allanamiento es para colectar documentos originales, pero, sin embargo, la hipótesis ya está dentro del sistema de Contraloría, o sea, lo que está dentro del sistema no puede desaparecer porque es un portal y los datos digitales están registrados, por eso no me preocupaba en cuanto a la supuesta presentación de esas rendiciones”.
La causa se centra en el uso de facturas clonadas para la rendición de cuentas de la ejecución de más de un millón de dólares entregados por el Gobierno Nacional a la Gobernación del departamento Central en concepto de fondos de emergencia por la pandemia de covid-19.
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La administración del Gobernador Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado) transfirió G. 5.105 millones al Ciap, presidido por Tadeo Andrés Álvarez; y G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud.
Sin embargo, en la rendición de cuentas de ambas instituciones fueron usadas facturas aparentemente falsas y de empresas de fachada.
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La Secretaría Nacional Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación presentaron el pasado 8 de julio último una denuncia ante el Ministerio Público por las irregularidades en la Gobernación de Central.