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Luego de 27 años que transcurrieron desde la expropiación de las tierras de la firma Comercial e Inmobiliaria Paraguayo Argentina SA (Cipasa), de la familia Antebi, y de otros propietarios de Concepción y Amambay, al observar los resultados de la reforma agraria en esa parte del país surge un gran interrogante, según señaló el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo.
“Habría que comparar las propuestas y los discursos de esa época y en qué términos, para contrastar ahora con las propuestas que hacen los politiqueros a sus bases, para sacar cada unos sus conclusiones sobre lo que va a pasar después, señaló Cristaldo, al ser consultado al respecto.
El mismo indicó que la actual situación de proliferación de invasiones es debido a que es un año electoral, periodo en que normalmente surgen las invasiones orquestadas desde la politiquería. Remarcó que la problemática se veía venir por el ambiente político electoral y por las pretensiones populistas de algunos legisladores.
“En año electoral aumentan las invasiones, los candidatos buscan votos a costa de las propiedades privadas. Desde el inicio de este año lo venimos alertando desde la UGP a todos los niveles del Gobierno”, recordó.
“Por las tierras denominadas Antebi Cue se pagaron unos US$ 80 millones, resultando en un gran fracaso la expropiación a nombre del Estado paraguayo, para resultar en tierra de nadie y en un fomento a la informalidad y al tráfico de productos ilegales”, expresó.
Por otra parte, el representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) ante el Indert, abogado Diego Torales, declaró que resulta muy evidente que la expropiación de Antebi Cue hace 27 años se hizo con intereses políticos. Añadió que claramente se vio desde un principio que eran tierras no aptas para la reforma agraria, que no servirían para la agricultura familiar. “Lo lamentable es que se pagó con los impuestos de la ciudadanía, una multimillonaria suma en dólares, con intereses, para que unas pocas personas, que no son sujetos de la reforma agraria se hayan apropiado en la práctica para establecer unas 20 estancias en gran parte de la referida zona, sin que se los pueda ya desalojar”, expresó.
Este caso es la prueba de que las expropiaciones, tal como se pretenden en las ocupaciones de propiedades privadas actuales, pisoteando el Estatuto Agrario, finalmente resultan beneficiando a los que viven y operan al margen de la ley, en la delincuencia organizada.
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Situación de irregularidades en stand by
Según las publicaciones de nuestro diario sobre el emblemático caso Antebi Cue, los originales campesinos invasores se dedicaron por un tiempo al rollotráfico y luego paulatinamente fueron abandonando la zona vendiendo sus derecheras, lo que derivó finalmente en que unos 20 “ganaderos” se establecieron en forma irregular en unas 79.096 hectáreas, del total de 224.000 hectáreas expropiadas por el Estado paraguayo para la reforma agraria a la firma Comercial e Inmobiliaria Paraguayo Argentina SA (Cipasa), de la familia Antebi.
Desde el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se informó recientemente que en ese caso, todo sigue estancado con las ocupaciones irregulares, con grandes estancias y cultivos ilegales en las zonas boscosas.