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Esta normativa, que presentó el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), tiene por objeto establecer sanciones a las empresas del transporte público de Asunción y Área Metropolitana que no cumplan con las leyes vigentes. En principio, algunos diputados cartistas y abdistas pretendían eliminar este castigo penal y solo establecer la aplicación de multas a las empresas, pero no obtuvieron los votos y se ratificó la versión de la Cámara Alta.
Si el Ejecutivo promulga la normativa, en el caso de que los propietarios, accionistas o representantes legales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a los órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como delito y sancionado de seis meses a cinco años de pena privativa de libertad o multa. La denuncia podrá ser presentada ante el Ministerio Público por cualquier ciudadano que tenga conocimiento del hecho.
Además, la empresa que deje de prestar sus servicios en forma regular y no lo regularice en un periodo de 24 horas, será cancelada y perderá su licencia, y su itinerario volverá a ser licitado. Las que realicen o amenacen con reguladas en épocas de pandemia o emergencia declarada en el área donde presta servicios, además de cancelarse su licencia y su itinerario, tendrá prohibido solicitar nueva licencia e itinerario por un plazo de 10 años.
“Que pongan una peluquería”
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) criticó duramente al sector y dijo que los transportistas “ya no tienen vergüenza” porque dicen que no ganan plata. “Pero entonces que cierren su empresa y pongan una peluquería. Nadie les obliga a manejar el transporte y encima a someter a los usuarios a esa indignidad que es viajar en un transporte de pasajeros paraguayo”, expresó.
Amarilla instó a sus colegas a votar por la versión Senado del proyecto de ley, por ser más severa y más clara en sus sanciones. Trató de “sátrapas” a los empresarios del sector que se adueñan del tiempo y de la vida de los paraguayos.
A su turno, el diputado Basilio Núñez, enfatizó su crítica hacia el proyectista de la normativa, que fue ministro de Obras Públicas en su momento, y criticó que con la normativa “se quiera mandar presos a todos los transportistas”. Se preguntó si esto será una solución para este problema o si alguien se encuentra detrás de alguna licitación. “No estoy en esa jugada del senador Buzarquis”, expresó. Núñez defendió la versión de Diputados donde se clasificaron las infracciones como leves, graves y gravísimas, lo que elimina los castigos penales a los empresarios y solo aplica pena con multas.
Aplicación
El Poder Ejecutivo por medio del Viceministerio de Transporte deberá controlar la estricta aplicación de esta ley si llega a promulgarse. Se intentó consultar al respecto al viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, al presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), Cesar Ruiz Díaz, pero no se tuvieron respuestas.
Asunción y área metropolitana
La aplicación de esta normativa se deberá establecer en un decreto reglamentario, si el Ejecutivo promulga la ley. Además afectará solamente a las empresas de transporte permisionarias del Viceministerio del Transporte, de Asunción y del área metropolitana y será esta institución la que deberá velar por su cumplimiento. Si bien se pretende considerar como hecho punible de coacción y perturbación de servicios las reguladas, esto todavía debe definirse.
La normativa deberá reglamentarse si es promulgada, y hay varias figuras legales que se pueden usar para aplicar las sanciones.