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El Senado debatió por más de una hora el proyecto de ley “por el cual se establecen medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”, que pretende regular el sistema de habilitación, explotación y uso de estos aparatos, para evitar que menores de edad caigan en la adicción al juego. Ratifica que esa es una función de las municipalidades, conforme a lo establecido en la Ley N° 1.016/15 de juegos de azar.
El proyecto se aprobó con modificaciones. En vez de que los municipios otorguen concesiones para explotar tragamonedas como resultado de una licitación, se les da la potestad directa de otorgar permisos. En el texto original, las sanciones previstas para infractores eran multas de un salario mínimo, pero se le introdujeron cambios para endurecer los castigos, de modo a que también se les incauten y destruyan las máquinas; también se agregó la aplicación de una trazabilidad de clientes y operadores, para un control del flujo del dinero, así como establece la norma de prevención de lavado de dinero.
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La iniciativa parlamentaria ratifica que la regularización de las tragamonedas, al ser un juego de azar, es una responsabilidad de las comunas. Cabe recordar que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por Resolución N° 34/20 dio esa tarea a la empresa iCrop SA, a través de un contrato directo. Varios municipios coincidieron en oponerse al desarrollo de las actividades de dicha firma, porque consideran que atropella la autonomía municipal y su régimen tributario (establecido en la Ley N° 620/79).
Uno de los impulsores es el senador Blas Llano, quien en realidad “desempolvó” este proyecto planteado en 2019 y en coincidencia con las críticas a Conajzar, presidida por José Antonio Ortiz Báez, por haber firmado el referido contrato directo con iCrop SA (representada por Ariel Peña), para que se encargue de la “regularización” de las tragamonedas del país.
Según la queja de los propios explotadores de tragamonedas, se le dio la potestad a una empresa privada de censar, catastrar y explotar dicho juego, es decir, la convirtieron en “juez y parte”.
Durante la sesión, Llano hizo alusión a la investigación de nuestro diario sobre estas y otras anomalías. Destacó que la resolución prevé regularizar 50.000 tragamonedas y que por las gestiones, iCrop SA cobra G. 300.000 por cada aparato al mes, y de dicho monto, sólo lo correspondiente a un jornal mínimo (G. 88.051) es destinado al Estado. De concretarse la meta, la recaudación será de US$ 2,1 millones al mes, de los que 70% (unos US$ 1,5 millones) quedará para la firma privada y solo 30% para Conajzar. “El presidente de Conajzar es un mafioso y corrupto”, dijo el legislador.
Aprovechó para recordar los cuestionamientos que habían surgido el año pasado en la adjudicación de otro juego de azar, la quiniela, y que benefició a la empresa TDP SA, del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy.
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El senador Enrique Bacchetta, a su turno, también cuestionó el manejo desprolijo de la institución presidida por Ortiz y recalcó que por ese motivo, la Cámara Alta lo va a interpelar el próximo 28 de julio.
Por otra parte, propuso que los explotadores que infringen la normativa sean sancionados con la pena de dos a tres años de cárcel, lo cual fue objetado por la senadora Esperanza Martínez, por considerar un castigo excesivo y que sólo se castigaría a los más humildes. Martínez puso como ejemplo lo que hoy pasa con el narcotráfico, pues “se envía a prisión a los microtraficantes, conocidos también como mulas, y no a los responsables y financiadores del negocio”, dijo.
Dejaría sin efecto contrato
El expresidente de Conajzar y hoy asesor de explotadores de tragamonedas, Javier Balbuena, observó que con las modificaciones propuestas se ratifica que la potestad de autorizar la explotación de los juegos la tienen las municipalidades. Además, se prohíbe la explotación de dichos juegos en sitios con fácil acceso a menores. Celebró que se incluya el uso de la tecnología para la implementación de un sistema de monitoreo y control en línea, de modo a evitar la participación de niños y adolescentes en el juego.
Teniendo en cuenta que el contrato entre Conajzar e iCrop SA está respaldado por apenas una resolución de la citada institución, quedaría sin efecto de promulgarse esta ley, puntualizó.