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Por medio de una resolución, el Senado convoca a una sesión extraordinaria a todos sus miembros para el próximo miércoles 28 de julio a las 10:00. En esta sesión, se citará e interpelará a José Antonio Ortiz Báez, presidente de la Conajzar.
Esta convocatoria se hace a raíz de una resolución previa, que había sido emanada del pleno de la Cámara Alta el pasado 15 de julio.
Por tanto, en uso de sus atribuciones, los senadores pedirán explicaciones a Ortiz Báez, por irregularidades que salieron a la luz en materia de tragamonedas y el juego de la quiniela.
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Frente Guasu había pedido la interpelación
El proyecto de resolución para citar e interpelar al titular de la Conajzar había sido presentado por los miembros de la bancada del Frente Guasu en el Senado, liderada por el senador Jorge Querey.
En la propuesta, los senadores de esta bancada cuestionan a la institución su falta de control para velar por el cumplimiento de las obligaciones de las firmas concesionarias de los juegos de azar.
En particular cuestionan la deficiencia del control a Technologies Development of Paraguay SA (TDP SA), propiedad del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy.
“Vista gorda” ante contratos de concesión
El presidente de Conajzar deberá explicar además sobre el total incumplimiento de su deber de fiscalizar la correcta aplicación del contrato de concesión.
Además, hay críticas por la falta de transparencia y la posibilidad de creación de una estructura para el lavado de dinero mediante la legalización de tragamonedas. Los legisladores tienen presente también irregularidades vinculadas a la adjudicación de la quiniela.
La senadora Esperanza Martínez incluso relató que existe una serie de cuestionamientos con la creación de una “nueva modalidad” de explotación de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar, autorizada por los integrantes de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortiz Báez, el 8 de octubre pasado.
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Otorgaron contratos sin concurso
Uno de los aspectos más críticos es que el contrato para la “legalización” de las máquinas se otorgó de forma directa, sin concurso, a la empresa iCrop SA (representada por Ariel Peña), de la cual poco o nada se sabe, ya que no existen referencias comerciales ni experiencia comprobable. La misma tiene atribución para subcontratar “agencias” que le representen en el país, sobre las cuales también se desconocen sus referencias.
Ni la propia Conajzar responde las dudas de las municipalidades con relación a la ley que le otorga autonomía para el cobro de canon a las comunas. Tampoco existe evidencia de un control a las gestiones de la firma ni de que Conajzar aplique un sistema de prevención de lavado de dinero en esta modalidad, conforme a la Resolución N° 258/2020 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Bienes).