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La audiencia preliminar por el ingreso ilegal de 50 camas hospitalarias, iniciada ayer, concluyó hace instantes con la decisión del magistrado especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú de enviar a juicio oral y público tanto al empresario Justo Ferreira Servín y a su hija Patricia Ferreira Pascottini (apoderado y presidenta de Imedic), como al despachante de aduanas Carlos Alberto Gamarra.
Estas personas han sido acusadas por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, delitos que en conjunto tienen una expectativa de pena de unos doce años de pena privativa de libertad.
Idéntica decisión adoptó el magistrado con relación a los aduaneros los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Adolfo Acosta Acosta por la presunta comisión de delitos señalados en el Art. 337 de la Ley 2422/04 “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”, en calidad de autores.
En el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus, la empresa Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000, camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, por un total de G. 47.952.500.000.
El 18 de abril de 2020 arribaron a nuestro país no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y la cantidad excedente (50) eran camas de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles. Para ello, el despachante Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, comprobada como no auténtica.